Un operativo contra un vendedor ambulante en Salto, que según el relato de un vecino habría involucrado varios móviles y numerosos agentes, abrió un debate sobre el uso y la prioridad de los recursos públicos.
Sin cuestionar el cumplimiento de las ordenanzas, resulta necesario preguntarse si la magnitud de estos operativos es proporcional a la situación y si se está dando la misma respuesta ante los hechos delictivos que preocupan a los vecinos.
Frente a una realidad económica cada vez más difícil, también es momento de discutir alternativas para regular la venta ambulante y garantizar trabajo e ingresos sin dejar de lado la seguridad y el orden público.