Tres crisis diferentes con un telón de fondo

La industria argentina sumó una nueva ola de despidos, con más de 600 puestos de trabajo afectados en apenas 3 empresas. Granja Tres Arroyos desvinculó a 255 empleados de su planta de Concepción del Uruguay, Mirgor envió telegramas a 300 trabajadores en Tierra del Fuego y Unilever cerró una histórica fábrica en Mendoza con otros 60 cesanteados. Aunque las compañías argumentaron razones diferentes, los conflictos vuelven a poner en primer plano la fragilidad del empleo industrial en un escenario atravesado por la apertura comercial y las dificultades que enfrenta la producción nacional.

Granja Tres Arroyos

Granja Tres Arroyos despidió a 255 trabajadores de su planta avícola de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, sobre una dotación de alrededor de 700 empleados. La fábrica había dejado de producir en mayo y la compañía atribuyó la decisión a una combinación de caída de las exportaciones, sobreoferta en el mercado interno y aumento de los costos.

La empresa sostuvo que los brotes de influenza aviar registrados desde 2023 provocaron restricciones para ingresar a distintos mercados internacionales, con China entre los principales destinos afectados. Esa situación habría generado una reducción de las exportaciones y un excedente de producción en el mercado doméstico, con impacto sobre los precios. A eso agregó el incremento de los costos y diferentes contingencias operativas.

Los despidos fueron realizados bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla situaciones de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación y el sindicato local rechazaron esa interpretación y denunciaron que entre los cesanteados hay delegados gremiales.

El conflicto se produce mientras los sindicatos mantienen conversaciones con la empresa y los gobiernos de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba para intentar sostener la actividad. Desde los gremios reclamaron que los trabajadores no sean utilizados como una “variable de ajuste” de la crisis y cuestionaron que los despidos se concretaran mientras todavía se buscaban alternativas para reactivar las plantas.

La situación de Granja Tres Arroyos muestra además que el deterioro no comenzó con los telegramas. La planta de Concepción del Uruguay había dejado de producir en mayo y los trabajadores, según denunciaron la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación y el sindicato local, acumulan atrasos superiores a 5 quincenas en el pago de los salarios.

Mirgor

Otro frente se abrió en Tierra del Fuego. Mirgor desvinculó a 300 empleados de su planta de Río Grande luego de una escalada del conflicto con la Unión Obrera Metalúrgica. En este caso, la empresa aseguró que la decisión no responde a una caída de la producción ni del consumo, sino a las sucesivas medidas de fuerza que afectaron especialmente a la fabricación de autopartes.

El gobierno fueguino dictó una conciliación obligatoria por 15 días que dejó en suspenso las desvinculaciones y ordenó que los trabajadores continúen ingresando normalmente a sus puestos. La provincia abrió además una instancia de negociación con el objetivo declarado de preservar el empleo y evitar una profundización del conflicto.

Mirgor sostiene que las interrupciones afectan particularmente su negocio automotor porque funciona bajo un sistema de producción a pedido de las terminales, sin posibilidad de acumular grandes stocks. La empresa incluso afirmó que no pretende reducir su dotación y que, en caso de concretarse las desvinculaciones, buscaría incorporar otros trabajadores para mantener los niveles de producción.

La tensión en Mirgor también estuvo atravesada por reclamos gremiales que, según la empresa, excedían la situación de la planta. Entre las medidas de fuerza mencionó un paro contra la reforma del proceso productivo de aires acondicionados, un producto que la compañía no fabrica, y otro en rechazo a la Ley de Tierras. Directivos de la firma viajaron a Tierra del Fuego para intentar destrabar el conflicto, pero la negociación no prosperó.

Unilever

Distinto es el panorama en Mendoza, donde Unilever directamente decidió cerrar una fábrica que llevaba 62 años funcionando en Corralitos, Guaymallén. La planta producía vegetales deshidratados y desde 2005 era operada por la multinacional para abastecer productos de la marca Knorr. El cierre dejó sin empleo a 60 trabajadores.

La compañía se comprometió a pagar las indemnizaciones completas y sumas adicionales. Sin embargo, el punto central del conflicto pasa por el futuro de la producción que hasta ahora se realizaba en Mendoza. La continuidad de Knorr en el mercado argentino no está en discusión: la multinacional aseguró que seguirá comercializando sus productos en el país. La diferencia es que la provisión podría pasar a realizarse mediante productos importados.

El cierre vuelve así a poner bajo discusión uno de los efectos de la política de apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei. Para numerosas ramas industriales, la competencia con bienes fabricados en países con estructuras de costos diferentes agregó presión sobre una actividad que ya enfrenta dificultades por el comportamiento del mercado interno.

Los 3 conflictos tienen causas y características distintas y no pueden atribuirse a un único factor. Pero los más de 600 puestos afectados funcionan como otra señal de alarma para el entramado productivo. Mientras el Gobierno apuesta a la apertura y a una reorganización de la economía basada en una mayor competencia externa, fábricas históricas cierran, otras reducen personal y los trabajadores vuelven a quedar en el centro del ajuste productivo.