Contundente paro docente a pesar de la amenaza del gobierno

Vigilar y castigar. Tal parece ser la amenaza que ensayó el gobierno cómo única respuesta al reclamo docente por la reapertura de paritarias, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y, en general, el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación. Por redes, Capital Humano anunció que realizaría “inspecciones aleatorias” para garantizar “un mínimo del 75 por ciento” en el dictado de clases. La estrategia oficial terminó echando más leña al fuego. El paro de 24 horas de ayer, concretado con una notable unidad docente -fue en todos niveles, incluyendo también el reclamo universitario (ver nota aparte), y convocado conjuntamente por Ctera, Conadu y Conadu Histórica-, tuvo un muy alto acatamiento en todo el país. “La extorsión del gobierno terminó evidenciando la validez del reclamo”, evaluaron los gremios docentes. Y aunque evitaron dar cifras oficialmente -para no dejar servido un argumento punitivo-, calificaron de “contundente” la jornada del lunes.

Un relevamiento hecho por este diario confirma el alto grado de acatamiento en la Ciudad de Buenos Aires, incluso en escuelas primarias y secundarias que suelen tener menor adhesión a paros. En provincias como Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Santa Cruz, Tierra del Fuego, también se confirmaron niveles de adhesión muy altos.

La movilización que en la ciudad de Buenos Aires se concretó frente al Ministerio de Economía, y que tuvo réplicas en las distintas provincias, también dejó un mensaje. Durante el acto central, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, fue gráfica al describir los “salarios de hambre” que perciben los docentes y el modo en que se endeudan mes a mes, con un piso salarial federal congelado en 500 mil pesos.

Pero también sumó otros reclamos: el rechazo a la Ley de Libertad Educativa -sobre la que el gobierno ya dejó trascender borradores- es uno de ellos. También el hecho de que “el Poder Ejecutivo no construyó ni una sola escuela en lo que va de su gestión”. Peor aún: tampoco concluyó, como se había comprometido, las que estaban iniciadas al final de la gestión anterior, que solo en la provincia de Buenos Aires suman 80, según completa María Laura Torre, secretaria adjunta de Suteba, en diálogo con este diario.

Un proyecto de declaración presentado en Diputados insta al Poder Ejecutivo “a respetar y garantizar el pleno ejercicio de la libertad sindical y del derecho de huelga” y a “abstenerse de aplicar sanciones administrativas, multas o cualquier otra medida de represalia contra las organizaciones sindicales y las y los trabajadores de la educación por la convocatoria, organización o participación en la huelga nacional docente del 3 de agosto de 2026″. Lleva la firma de Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Hugo Moyano, Jorge Taiana, Juan Marino, Caren Tepp, Mario “Paco” Manrique, entre otros.

Inspecciones

Al cierre de esta edición, Capital Humano no había difundido datos sobre lo que encontraron en sus “inspecciones”, y tampoco respondió a las consultas de este diario. Pero sí dejó trascender una suerte de acusación según la cual “las provincias lideradas por peronistas fueron los lugares donde hubo menos clases”.

La “prueba” de lo que sería una supuesta instigación al paro desde las gobernaciones es la comunicación interna de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires dirigida a inspectores regionales, distritales y equipos directivos, para fijar un criterio de actuación frente a este inédita amenza de inspección. Allí se informó que el Ministerio de Trabajo bonaerense realizó una presentación formal para que el organismo nacional “se abstuviera de solicitar información sobre el cumplimiento de los pisos mínimos de prestación previstos en la Ley 27.802 o de realizar inspecciones en establecimientos educativos provinciales”.

El argumento del gobierno es que el derecho a huelga hoy se encuentra “moderado” -tal la definición del secretario de Trabajo, Julio Cordero- por la votada reforma laboral, que ubica a la educación como “servicio escencial” y, por tanto, obliga al cumplimiento de un mínimo del 75% de la actividad. Y aunque la Justicia primero suspendió la declaración de esencialidad contenida en la reforma laboral, el Gobierno logró luego suspender la cautelar que frenaba esa reforma (con las firmas de María Dora González y Víctor Arturo Pesino, que a sus 75 años enseguida logró que el Gobierno envíe su pliego al Senado para permanecer cinco años más).

Con ese argumento legal, Capital Humano convocó el domingo a una reunión de urgencia del Consejo Federal de Educación para avanzar en las “inspecciones” y “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas”, en palabras de Sandra Pettovello. No funcionó del todo: se logró la presencia de solo 8 ministros provinciales, de los cuales 2 ni siquiera estuvieron con la cámara encendida al momento de la foto final.

Hubo otros contratiempos en el intento oficial de amedrentar docentes: al momento de las inspecciones “el gobierno bebió de su propio veneno”, evaluaron los gremios docentes: con las dotaciones de inspección del ex ministerio de Trabajo desmanteladas, hubo que suplir con personal jerárquico, que desconoce la tarea. Tampoco tuvieron demasiada respuesta de los equipos directivos, debidamente asesorados. Los docentes no descartan, de todos modos, algún intento de avanzada contra la organización gremial como respuesta del gobierno.

El día de la educación esencial

“Para el gobierno es esencial la educación el día que paran los docentes, porque ha hecho todo para destruir el sistema educativo y desfinanciarlo”, resume Hugo Yasky, diputado y secretario general de la CTA. “El grado de adhesión que ha tenido este paro en todo el país, demuestra que el clima social está en este momento en un punto de inflexión. Creo que empieza una cuenta regresiva en el ascenso de la conflictividad social, y este paro lo reflejó claramente”, evalúa.

“Esta extorsión que transitó por las redes sociales, porque así nos enteramos, lo único que hizo fue darle más legitimidad y legalidad al paro. El derecho a huelga es constitucional y nuestro reclamo es legítimo”, suma María Laura Torre. “Reclamamos por nuestro salario y reclamamos por el derecho a la educación de las y los argentinos”, completa.

El reclamo docente continuará como parte de la movilización del 6 de agosto frente al Congreso contra la ley de extranjerización de tierras. “Sabemos que los docentes solos no nos vamos a salvar. Que, como se dijo hoy en la movilización, vamos hacia una marcha federal y un paro ciudadano nacional. Somos parte de todo esto que se está sufriendo y somos parte de las luchas”, agrega Torre.

“Y también nos alegramos cuando con un trapo vuelven a meter la bandera de Malvinas a la cancha, y vaya si nos ayudó en las escuelas a retomar el por qué ‘las Malvinas son argentinas’. También somos parte de ese reclamo ciudadano. Somos y hacemos ciudadanía, todos los días, en las aulas. También por eso nos quieren acallar”.