¿CHAU A LOS PRESOS CON CELULARES?: IMPULSAN UNA PROHIBICIÓN TOTAL DE TELÉFONOS EN LAS CÁRCELES

La utilización de teléfonos celulares por parte de internos en cárceles de la provincia de Buenos Aires volvió a instalarse en el centro del debate político y judicial. Ante el aumento de estafas, extorsiones y otros delitos planificados desde establecimientos penitenciarios, distintos bloques legislativos avanzan con proyectos que buscan prohibir de manera definitiva el uso de dispositivos móviles dentro de las unidades penales.

Las iniciativas apuntan a dejar sin efecto el régimen excepcional implementado durante la pandemia de COVID-19, cuando se autorizó el uso de celulares para mantener el contacto de los detenidos con sus familias ante las restricciones a las visitas.

Uno de los proyectos fue presentado por el bloque HECHOS a mediados de marzo de este año y propone modificar la Ley N° 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense. La iniciativa establece la prohibición total del ingreso, la tenencia y el uso de cualquier dispositivo con conectividad individual dentro de los establecimientos penitenciarios.

En paralelo, también se encuentra en tratamiento la denominada “Ley Rodrigo”, impulsada por La Libertad Avanza. El proyecto, elaborado por el diputado Oscar Liberman y respaldado públicamente por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, fue presentado en homenaje a Rodrigo Gómez, un soldado destinado en la Quinta de Olivos que se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión que, según la investigación, se originó desde el Penal de Magdalena.

A estas propuestas se suma un proyecto presentado por el presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, junto al senador Alex Campbell. La iniciativa plantea eliminar el uso de smartphones en las celdas y reemplazarlo por un sistema de comunicación controlado por el Estado, mediante telefonía fija o terminales digitales cerradas, sin acceso a internet.

El avance de estas propuestas refleja la creciente preocupación por el funcionamiento de organizaciones delictivas que continúan operando desde las cárceles mediante dispositivos móviles, especialmente en casos de estafas virtuales, extorsiones y otras modalidades de ciberdelito. Ahora será la Legislatura bonaerense la encargada de debatir si estas iniciativas se convierten en ley y modifican el actual régimen penitenciario.