Fuerte restricción en las partidas públicas

La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional registró en junio una reducción real del gasto total del 34 por ciento, en comparación con el mismo período del año 2023. El recorte del gasto viene acompañado por una reasignación de recursos que privilegia al espionaje y los servicios de deuda pública con más fondos, mientras ajusta áreas esenciales como salud, educación, ciencia, obra pública, seguridad social y producción.

Los datos, que se desprenden del documento publicado por Centro de Economía Política Argentina (CEPA), muestran que con la gestión de Javier Milei, la tendencia contractiva, lejos de estabilizarse, se sostiene en el tiempo: la disminución interanual respecto del primer semestre de 2025 marca una caída adicional del 4 por ciento, consolidando un escenario de fuerte restricción. Sin embargo, el retroceso no es homogéneo: la gran mayoría de las áreas recibieron ajustes de doble dígito y ciertos sectores considerados estratégicos para el Gobierno preservaron sus partidas y hasta tuvieron refuerzos.

El caso más paradigmático es el de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que marcó un incremento real del 17 por ciento en sus asignaciones, respecto del 2023, y se convirtió en el organismo que más crece. En la misma línea se ubican los Servicios de la Deuda Pública, que representan de manera directa el 13 por ciento del total del gasto ejecutado por el Estado nacional.

La salud, en cambio, sufrió el paso de la motosierra. La Superintendencia de Servicios de Salud encabeza la contracción en el área con un derrumbe del 64 por ciento en términos reales. La desinversión se trasladó de forma directa a la red de contención de los hospitales nacionales, cuyas partidas registraron caídas generalizadas: el Hospital Sommer (-44 por ciento); el Hospital Bonaparte (-31); el Hospital Posadas (-17) y el Hospital Ramón Carrillo (-18 por ciento). El retiro de financiamiento del Ejecutivo también alcanzó a los laboratorios de referencia y a los programas preventivos. La Administración Nacional de Laboratorios de Salud Malbrán muestra una reducción del 32 por ciento en su capacidad presupuestaria, mientras que la ANMAT registra una baja del 42 por ciento. El repliegue se torna absoluto en los programas de atención sanitaria en el territorio y de prevención de enfermedades crónicas, que sufrieron una reducción del 100 por ciento en su ejecución. La única excepción en sanidad la aportó el INCUCAI, con una suba real del 68 por ciento en el período 2026 contra 2023.

El área educativa expone un retroceso de magnitud similar, con la interrupción total de políticas estructurales de conectividad y sostenimiento salarial. Los programas Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron una ejecución de cero pesos durante la primera mitad del año, lo que equivale a una reducción nominal y real del 100 por ciento. Las herramientas de inclusión e infraestructura también exhibieron severos retrocesos: la asignación de becas estudiantiles disminuyó 83 por ciento, las acciones destinadas a la formación docente cayeron 90 por ciento y el desarrollo de la educación superior sufrió una baja del 31 por ciento. Asimismo, las partidas para infraestructura y equipamiento educativo derraparon 96 por ciento.

Seguridad social y desarrollo humano, la red encargada de amortiguar los indicadores de vulnerabilidad, no quedó exenta de la disciplina fiscal. La Administración Nacional de la Seguridad Social registra una caída real del 15 por ciento. En las estructuras ministeriales; la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia presenta un reducción del 75 por ciento y INAES, del 82 por ciento.

Los programas de inserción productiva y asistencia directa sufrieron el mayor impacto. El programa de Economía Social y el Plan de Protección Social se desplomaron 100 por ciento; y el Apoyo al Plan de Primera Infancia, -93 por ciento; la asistencia a comedores comunitarios, -65 por ciento y la Prestación Alimentar consolidó una baja del 37 por ciento.

El ecosistema científico y tecnológico cayó 88 por ciento en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación; 35 por ciento en el Conicet, 64 por ciento en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, 33 por ciento en el Servicio Meteorológico Nacional y 31 por ciento en el Servicio Geológico Minero Argentino.

Infraestructura, transporte y obra pública también están congeladas. Con programas que registran caídas de entre el 84 y el 100 por ciento en sus niveles de ejecución, como Vialidad, el Organismo Regulador de Aeropuertos y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

La Comisión Nacional de Energía Atómica mostró una contracción del 50 por ciento, la Autoridad Regulatoria Nuclear del 26 por ciento y el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, del 35 por ciento.

El aparato de seguridad y defensa nacional experimentó reducciones generalizadas. La Policía Federal registró una baja del 34 por ciento y la Gendarmería Nacional, del 30. También ajustaron Prefectura Naval (-32), Ejército Argentino (-16), Armada Argentina (-19) y la Fuerza Aérea (-27). En contraste, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se anotó una suba del 40 por ciento en sus partidas.

Finalmente, las estructuras gubernamentales y del Poder Judicial acompañaron el esquema general de austeridad. La Comisión Nacional de Energía Atómica mostró una contracción del 50%, la Autoridad Regulatoria Nuclear un 26% y el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad una baja del 35% en su presupuesto.

El aparato de seguridad y defensa nacional experimentó reducciones generalizadas en todas sus armas y dependencias con una sola excepción. La Policía Federal registró una baja del 34%, la Gendarmería Nacional un 30%, la Prefectura Naval un 32%, el Ejército Argentino un 16%, la Armada Argentina un 19% y la Fuerza Aérea un 27%. En contraste con la tendencia del sector, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se anotó una suba del 40% en sus partidas.

Finalmente, las estructuras gubernamentales y del Poder Judicial acompañaron el esquema general de austeridad. La Agencia de Acceso a la Información Pública (-43), el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados de la Nación (-40), el Senado de la Nación (-36), la Corte Suprema (-16) y el Consejo de la Magistratura (-20); la Secretaría de Cultura (-58), el Ministerio de Economía (-89), Relaciones Exteriores (-25), obligaciones a cargo del Tesoro (-70) y la Defensoría del Pueblo de la Nación (-38).