Cristina candidata: ¿el Congreso puede revertir la condena de la expresidenta?

La campaña impulsada por un sector del peronismo para revertir la condena de Cristina Fernández de Kirchner y habilitar una eventual candidatura en las próximas elecciones ha tomado fuerza en las últimas semanas. En el Congreso, el diputado Miguel Ángel Pichetto explora alternativas para un proyecto que impugne la pena, mientras el Partido Justicialista denuncia la proscripción de su principal líder.

Pichetto dijo a Radio 750 esta semana que el Congreso “tiene la posibilidad de trabajar en leyes que puedan permitir una mirada más benigna respecto a una parte de la condena”, en especial del factor de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, aspecto central de la pena que recibió la expresidenta.

En esa línea, el exsenador Oscar Parrilli, hombre de extrema confianza de la exmandataria, aseguró que el Congreso debe trabajar en una alternativa y señaló que “si Cristina no puede ser candidata, la elección va a estar viciada”. “Para pensar en campaña, primero hay que liberar a Cristina”, dijo a Radio 750.

¿Pero el Congreso tiene las herramientas para revisar una sentencia firme de la Corte Suprema?

Según explicó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, no. “Desde el punto de vista constitucional no tiene potestad de revisar sentencias en un caso individual”, aseguró a Radio 750, aunque aclaró que “sí puede dictar una ley de alcance general y que, los efectos de esa ley, al ser más benigna, puedan beneficiar la posición de Cristina y su condena”.

Gil Domínguez dijo que el Parlamento no puede revisar una condena individual en un caso particular. El Presidente sí podría hacerlo mediante un indulto o conmutación de pena. “Pero eso entraría en una discusión constitucional y judicialización”, sostuvo.

El constitucionalista afirmó que el Congreso podría dictar una amnistía, aunque sería de alcance general, para determinados delitos, y con alcance general para todas las personas que los hayan cometido.

“(Pichetto) propone discutir si la inhabilitación especial perpetua (para ejercer cargos públicos) es constitucional o inconstitucional. Una inhabilitación perpetua en esta clase de delitos es inconstitucional, porque la ley establece que las personas deben ser inhabilitadas por el tiempo establecido por la ley. La inhabilitación absoluta no existe, y eso sí se podría discutir y permitiría que Cristina, una vez cumplida la sentencia, pueda ser candidata”, agregó.

Según concluyó, la estrategia que delineó Pichetto en los últimos días contempla una ley general “que no implica revisar la sentencia”. “No es una revisión particular del Congreso o una ley específica sobre Cristina Fernández de Kirchner”, explicó.

El posible antecedente que repiten algunos dirigentes del peronismo y el kirchnerismo es la ley de Reparación Histórica que en 1984 anuló procesos judiciales contra los miembros de poderes constitucionales durante la dictadura cívico-militar.

El impulso tomó cuerpo en las últimas semanas, luego de que Pichetto volviera a reunirse con la expresidenta en su prisión domiciliaria en San José 1111, y el kirchnerismo recogiera la propuesta con agrado, aún más viniendo de un dirigente del peronismo que se alejó de la expresidenta años atrás, e inclusive fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en las elecciones de 2019.

La discusión comenzó a tomar fuerza justo a un año de que la Corte Suprema ratificara y dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad, que desde el kirchnerismo continúan denunciando como un proceso judicial irregular y viciado de nulidades.

“Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad. La conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común”, justificó Pichetto.

Además, recordó irregularidades durante la investigación y el juicio oral, como la inclusión de un juez de otro tribunal, un fiscal que debía tener otro destino y los límites que tuvo la defensa de la expresidenta en las instancias de apelación. “No hubo imparcialidad de los jueces de la Corte, que debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido desde el propio partido de la acusada”, sostuvo.

Según dijo, ante semejantes irregularidades, “el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados” y debe tomar la “facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”.