La fiscalía pidió reconocer a las infancias como víctimas del terrorismo de Estado
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La comisaría 5ª de La Plata funcionó como centro clandestino entre 1976 y 1978. Por allí pasaron, al menos, diez mujeres embarazadas. Dos de ellas dieron a luz a sus hijos en ese campo de concentración. Hubo niños que estuvieron secuestrados y adolescentes que fueron sometidos a torturas irreproducibles. En el juicio que se lleva adelante contra dos represores, la fiscalía pidió que se los condene a prisión perpetua y que el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata reconozca la violencia que padecieron niños, niñas y adolescentes. Los fiscales también pidieron que se inste a garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que ayuda a las Abuelas de Plaza de Mayo a identificar a los nietos y a las nietas que vienen buscando desde hace casi cinco décadas.
En el juicio por la comisaría 5ª hay solo dos represores en el banquillo: Pedro Raúl Muñoz y José Ignacio Saravia Day. También estaba Jorge Antonio Bergés, el médico policial que trataba a las embarazadas y era parte del esquema para robar a sus hijos, pero murió durante l desarrollo de las audiencias. Muñoz llegó a juicio tras haber sido identificado por Jorge Julio López. A Saravia Day le imputan los secuestros de tres conscriptos que estaban bajo sus órdenes en el Regimiento de Granaderos a Caballo y fueron llevados a la comisaría 5ª.
Por esa dependencia, que formó parte del Circuito Camps, pasaron al menos diez mujeres embarazadas. Solo dos sobrevivieron. El caso más conocido es el de Adriana Calvo, que dio a luz mientras era trasladada al Pozo de Banfield.
Dos bebés que nacieron en la comisaría 5ª restituyeron su identidad: Leonardo Fossati y Ana Baratti de la Cuadra, nieta de la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Inés Ortega, mamá de Leonardo, tenía solo 17 años cuando fue secuestrada. Dio a luz con las manos y los pies atados en una cocina mientras sufría todo tipo de improperios por parte de sus captores.
Dos niños también pasaron por ese campo de concentración antes de ser apropiados: María Eugenia Gatica Caracoche, de un año, y José Sabino Abdala, de dos años y medio. Mónica Santucho tenía catorce años cuando la secuestraron después de asesinar a sus padres. Como sucedía con los mayores, ella fue sometida a tormentos y a violencia sexual. Su cuerpo fue hallado en una fosa en el cementerio de Avellaneda.
La fiscalía pidió hacer un análisis interseccional y reconocer que los hechos que se trataron en el juicio fueron constitutivos de violencia basada en el género y de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
“Los secuestros, la permanencia en centros clandestinos, los nacimientos en cautiverio, las apropiaciones, las sustituciones de identidad y las diversas formas de sometimiento a las que fueron expuestos no constituyen efectos accesorios ni daños colaterales de la represión estatal. Integraron una política deliberada orientada a intervenir sobre las identidades, quebrar los lazos familiares y comunitarios y alterar la continuidad generacional de los grupos perseguidos. El daño infligido a niños, niñas y adolescentes tuvo entidad propia y respondió a una estrategia de control y disciplinamiento que los convirtió en destinatarios directos de la violencia desplegada por el terrorismo de Estado”, dijo la auxiliar fiscal Ana Oberlin durante el alegato que concluyó el viernes pasado junto con su colega Juan Martín Nogueira.
La fiscalía recordó que el BNDG es un organismo técnico esencial y, por lo tanto, pidió que el TOF 1 inste al Gobierno a garantizar su funcionamiento tal como lo establece la ley. Semanas atrás, el juez federal Alejo Ramos Padilla debió dictar una cautelar interina para obligar a la administración de Javier Milei a destinar los fondos necesarios para asegurar la preservación de las muestras y la continuidad de los cotejos.