San Martín en venta: recuperaron más de 200 documentos históricos valuados en 100 mil dólares
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La Policía Federal Argentina (PFA) recuperó más de 200 documentos históricos vinculados a algunos de los nombres más importantes de la construcción del país, entre ellos el general José de San Martín. También aparecieron documentos relacionados con Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.
No se trata solamente de papeles antiguos. Son cartas, escritos y registros que ayudan a reconstruir parte de la historia argentina y que, por su valor patrimonial, están protegidos por la ley.
La causa se originó a partir de las tareas de control que el Estado realiza sobre sitios de compra, venta y subastas online para detectar posibles maniobras vinculadas al tráfico de bienes culturales.
En ese seguimiento apareció una publicación de una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad de Buenos Aires, que ofrecía un lote compuesto por más de 200 piezas históricas por un valor inicial de 100 mil dólares.
Entre los objetos había cartas, fotografías, libros y recortes periodísticos relacionados con distintas instituciones y organismos nacionales y provinciales. Pero el dato más llamativo era la presencia de documentos vinculados a José de San Martín y a otros protagonistas centrales de la historia argentina.
Cómo llegaron estos documentos al mercado privado
Más allá del secuestro del material, la principal incógnita sigue siendo otra: cómo documentos que forman parte del patrimonio histórico argentino terminaron siendo ofrecidos en una subasta privada.
Según la investigación, la tipografía, los sellos y la fecha de elaboración de las piezas indicaban que podían estar alcanzadas por la Ley 15.930, la norma que protege los documentos pertenecientes al Archivo General de la Nación y regula su conservación.
Eso significa que no se trata de simples objetos de colección. Son materiales que integran la memoria documental del país y cuya circulación está especialmente regulada para evitar que desaparezcan, se fragmenten o terminen fuera de la órbita pública.
Con las pruebas reunidas, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, que ordenó el secuestro del material y su traslado para que sea preservado mientras avanzan las pericias.
Ahora la Justicia deberá determinar de dónde provino cada pieza, quiénes las tenían en su poder y si existen otras colecciones históricas en una situación similar.