El Gobierno lanza un peligroso blanqueo de armas de fuego

El gobierno de Javier Milei puso en marcha una cuestionable legislación a partir de la cual las personas que tengan armas no declaradas o que las hayan obtenido de manera irregular quedarán eximidas de cualquier sanción penal. La controversial medida, además, les da un plazo de un año para declarar la tenencia ante los organismos oficiales, bajo ningún tipo de multa por su compra y uso fuera de la ley.

La medida que perdona a cualquier ciudadano por tener consigo un arma ilegal fue promulgada hoy a través de una disposición del Poder Ejecutivo, que le da luz verde a la ley 27.805 votada por el Congreso.

La legislación indica que quienes tuvieren armas clasificadas como de “uso civil” o de “uso civil condicional” (de guerra) “que carezcan de registración anterior o que teniéndola hubiere devenido en irregular”, tendrán un año de plazo para registrarlas.

Durante ese período, agrega la norma, “quedan exentas de ser pasibles de sanción penal las personas humanas por la tenencia ilegal” de ese armamento.

Peligroso blanqueo

Lo que en otras palabras hace este “blanqueo” de armamento es permitir que quienes tengan en su posesión armas de fuego de uso civil o de guerra puedan seguir utilizándolas sin ninguna penalidad durante al menos un año más.

También le da plazo al mercado negro que las comercializa para seguir funcionando como si nada y, de la misma manera, abre una zona gris en la legislación penal contra los delitos cometidos con posesión de arma. ¿Los delincuentes que fueran detenidos en comisión flagrante de un ilícito bajo amenaza de armas, podrán ser acusados también por el delito de posesión ilegítima?

El artículo 3 de la norma dice explícitamente que “quedan exentas de ser pasibles de sanción penal las personas humanas por la tenencia ilegal de armas de fuego de ‘uso civil’ o de ‘uso civil condicional’” (armas de guerra), que son las más utilizadas en asaltos.

Los detalles de la ley

La disposición del Poder Ejecutivo fue publicada hoy en el Boletín Oficial pero entrará en vigencia a partir del próximo 18 de julio. A partir de ese día, quienes tengan armas ilegales tendrán 360 días para registrarlas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), dependiente del Ministerio de Seguridad.

La ley indica que tanto el armamento como sus municiones y accesorios se someterán a verificaciones técnicas y registrales, y se inscribirán en el Banco Nacional Informatizado de Datos junto con los datos de las personas que las hayan presentado.

El perdón por la tenencia ilegal es tan amplio que no sólo alcanza a los usuarios que no declararon sus armas sino también a aquellos que ni siquiera pasaron por los estrictos controles para obtener la habilitación y el permiso como “legítimo usuario de armas de fuego”.

El único castigo que prevé la norma es la retención del armamento sólo en caso de que este no pase los controles de calidad o tengan problemas “técnicos graves” que problematicen su utilización.

Una vez hecha la confesión de la tenencia ilegal, revisada el arma, perdonado el usuario y cerrado el trámite de blanqueo, recién ahí la Agencia Nacional de Materiales Controlados informará a los usuarios sobre “los peligros referentes a la tenencia de armas de fuego”.

Un gobierno pro armas

Por más controversial que parezca, la medida está en línea con las distintas disposiciones que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) tomó en materia de armas de fuego. A principios de año, lanzó una disposición en el Registro Nacional de Armas (Renar) que flexibilizó las condiciones para ser “legítimo usuario” a personas expuestas, como jueces, fiscales y empresarios.

A finales del año pasado, el Gobierno también promulgó una resolución del Renar que aprobó un nuevo régimen que regula la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles tipo fusil, carabina o subametralladora de asalto, derivadas de armas militares.

El paso previo a esa habilitación fue otra escandalosa medida: la baja de 21 a 18 años de la edad autorizada para ser legítimo usuario y la posibilidad de obtención de un permiso de “tenencia express”.

Todo en el marco de la desregulación de armas y liberación del mercado de armamento que promueve la Casa Rosada a partir del régimen que a mediados del año pasado habilitó a los legítimos usuarios a la compra y tenencia de armas de guerra, que desde 1995 eran solamente para el uso militar o de las fuerzas de seguridad.