Un dirigente radical que cobra como ministro y cuyo cargo estatal se conoció tras ser allanado

La Justicia federal realizó en los últimos días una serie de procedimientos vinculados al ex presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba y ex candidato a vice gobernador de la provincia, Marcos Carasso, en el marco de una causa que investiga una presunta sobrefacturación al PAMI. Los allanamientos incluyeron su vivienda particular en General Cabrera y la oficina del Tribunal de Cuentas de la provincia, según informaron fuentes judiciales.

En el operativo desplegado en la casa del ex funcionario se secuestró abundante documentación relacionada con la causa, según confirmaron las mismas fuentes. La novedad que generó sorpresa fue que el procedimiento también se extendió a dependencias del Tribunal de Cuentas, donde Carasso se desempeña como vocal, un dato que no había trascendido públicamente hasta que se conoció el resultado de las diligencias.

Carasso, ex intendente de General Cabrera y ex diputado nacional, asumió en agosto de 2024 el cargo de Director de Jurisdicción en ese organismo provincial. El dato llamativo es que su remuneración neta por ese puesto asciende a 3.979.733,89 pesos mensuales, monto que fue destacado en el marco de la investigación y que provocó expectativas sobre el alcance de las medidas judiciales.

La figura de Carasso despierta especial interés político: tras su paso por la intendencia de su ciudad sucedió a Luis Juez en la Cámara de Diputados de la Nación, fue presidente de la UCR Córdoba en una interna que lo dejó como candidato respaldado por referentes como Mario Negri y Ramón Mestre —y en la que derrotó a Rodrigo De Loredo—, y en los últimos tiempos se consolidó como la referencia del radicalismo cordobés dentro del Tribunal de Cuentas provincial.

También cabe recordar que Carasso fue candidato a vicegobernador de Luis Juez en las elecciones 2023. En ese momento, en el cierre de listas inicial, Carasso se inscribió con una doble candidatura que incluía el primer lugar de la lista de legisladores. Sin embargo, tras fuertes tensiones y críticas internas, renunció a su postulación como primer legislador.

Fuentes consultadas por Puntal indicaron que los procedimientos realizados la semana pasada se enmarcan en una investigación por presunta asociación ilícita y defraudación al Pami, que habría generado un perjuicio estimado en 1.400 millones de pesos, según fuentes extraoficiales. Las presuntas irregularidades en la prestación de servicios para afiliados del Pami se habrían realizado a través de la empresa Ethical.

El caso tiene como principales imputados a Gonzalo Lima, Pablo Adzich, Lucas Kurilkowich y al exjefe médico del Pami, Víctor Genesio, quien recuperó la libertad, además de otras dos personas involucradas en el expediente.

La pesquisa se inició meses atrás a partir de denuncias anónimas que alertaban sobre la facturación de prestaciones de rehabilitación de alta complejidad que, presuntamente, nunca fueron realizadas. El fiscal federal Rodolfo Cabanillas es el que investiga el caso.

Por el momento, la Fiscalía a cargo no brindó mayores precisiones sobre el avance de la investigación ni sobre posibles imputaciones formales. Tampoco se difundieron detalles sobre la documentación secuestrada ni sobre si se ordenaron otras medidas procesales complementarias.

Desde el entorno de Carasso aún no hubo declaraciones públicas que expliquen el procedimiento ni el origen de los documentos incautados. Tampoco se comunicó la postura del PAMI sobre el expediente.