El drama social de la morosidad

El fenómeno de la morosidad y el sobreendeudamiento dejó de ser un problema financiero individual para convertirse en una problemática social de carácter estructural. En ese contexto, las mujeres se llevan la peor parte. La expansión del crédito a través de billeteras virtuales y otros proveedores no financieros amplió el acceso al financiamiento para sectores históricamente desbancarizados, pero también expuso a nuevos riesgos a quienes cuentan con ingresos más inestables. Las mujeres que encabezan hogares con responsabilidades de cuidado presentan mayores niveles de endeudamiento y una exposición más alta a situaciones de vulnerabilidad financiera. En los sectores populares, además, las dificultades para afrontar las deudas suelen trasladarse a la vida cotidiana, generando situaciones de estrés que afectan tanto la organización familiar como las tareas de cuidado.

Si bien esta trama de asfixia financiera comenzó a gestarse en 2018, la crisis se agudizó drásticamente durante 2025 ante el desplome de los ingresos reales —pisados por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei— y la necesidad de sostener niveles mínimos de consumo. Esta vulnerabilidad, sin embargo, hunde sus raíces en una desigualdad previa: ya en 2021, la Encuesta Nacional de Endeudamiento y Cuidados realizada por el Ministerio de Economía y la CEPAL advertía que casi tres de cada cuatro hogares con responsabilidades de cuidado encabezados por mujeres recurrían a la deuda para financiar gastos esenciales como alimentos, medicamentos o el pago de compromisos pasados. La combinación estructural de salarios más bajos y la sobrecarga del trabajo no remunerado las vuelve crónicamente más propensas a caer en la morosidad.

La misma investigación muestra que las mujeres recurren con mayor frecuencia a préstamos de familiares, amistades o redes informales de financiamiento. A diferencia de una deuda formal, estas obligaciones involucran también vínculos afectivos y comunitarios, lo que agrega nuevas presiones a quienes ya enfrentan dificultades económicas. En los barrios populares, distintas organizaciones sociales advierten que el endeudamiento impacta cada vez más sobre la salud mental, la autonomía económica y las posibilidades de proyectar una vida libre de violencias. No es casual, entonces, que la relación entre deuda, género y cuidados haya comenzado a ocupar un lugar creciente en la agenda pública y feminista.

Atendiendo a la urgencia de esta problemática y con el objetivo de visibilizar el vínculo entre las finanzas y el género, recientemente se llevó a cabo el encuentro Los feminismos contra las deudas. La jornada combinó un taller de “autodefensa financiera”, destinado a compartir herramientas para enfrentar situaciones de endeudamiento, con un panel que analizó las iniciativas legislativas impulsadas a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires para dar respuesta a esta problemática. “Hace tiempo venimos acompañando a personas endeudadas desde nuestra organización y vemos un problema muy fuerte de afectación de la salud mental. Muchas viven la deuda como un fracaso personal. Por eso, además de ayudar a renegociar obligaciones, brindamos acompañamiento y contención. Lo que muestran hoy los niveles de morosidad es que este modelo de endeudamiento se volvió insustentable en el mediano y largo plazo: existe voluntad de pago, pero las personas ya no tienen forma de pagar las deudas que se acumulan y ya no hay más dónde pedir. Se llegó a un límite”, advierte Luci Cavallero, socióloga y militante de Movida Ciudad.

Alternativas legislativas frente al avance de la morosidad

Las iniciativas legislativas para abordar el sobreendeudamiento y la mora crediticia provienen, en su mayoría, del campo nacional y popular. Solo en el bloque de Unión por la Patria existen más de una decena de proyectos con distintos enfoques. “Algunos contemplan la renegociación e incluso la quita de préstamos bancarios, mientras que otros incluyen también las deudas con billeteras virtuales. Hay propuestas que crean organismos específicos y otras que utilizan estructuras estatales ya existentes. Más allá de esas diferencias, todas parten de un mismo diagnóstico: el sobreendeudamiento es un problema estructural que exige respuestas públicas”, resume Cavallero.

La diputada Lucía Cámpora, de Unión por la Patria, presentó el “Programa de Segunda Oportunidad para Hogares Argentinos”, cuyo eje central es la reestructuración de pasivos y el freno de ejecuciones. “Hoy la mayoría de las personas se endeuda para sobrevivir, no para capitalizarse. Son deudas que se toman para pagar otras deudas. Por eso es importante promover formas de organización colectiva entre quienes están endeudados, porque no estamos frente a un problema de educación financiera, sino ante un fenómeno social mucho más amplio. Entre 2018 y 2024, la cantidad de personas endeudadas pasó de 500.000 a 6 millones”, sostuvo la diputada durante el encuentro.

Por su parte, Kelly Olmos, junto con Victoria Tolosa Paz y Agustín Rossi, presentó un proyecto orientado a una de las principales fuentes de endeudamiento familiar: el financiamiento de alimentos, servicios públicos y otros gastos corrientes mediante tarjetas de crédito. La iniciativa propone limitar las tasas de refinanciación, transparentar el Costo Financiero Total (CFT) y establecer topes a los intereses punitorios para evitar que el pago mínimo termine convirtiéndose en una deuda impagable. “En el fondo, esta discusión remite a cómo se distribuye el ingreso. Cuando nos tocó gobernar, buscamos impulsar una distribución más equitativa, ellos construyen un modelo que concentra cada vez más los ingresos. El endeudamiento es una de las expresiones más visibles de ese proceso”, indicó Olmos.

También ingresó al Congreso el “Marco Integral contra el Sobreendeudamiento de las Familias”, impulsado por Victoria Freire y Mariana González y presentado por Natalia Zaracho. El proyecto apunta especialmente a los sectores populares e informales que quedan fuera del sistema bancario tradicional y terminan recurriendo a fintechs o circuitos informales de crédito. Entre otras medidas, propone asesoramiento jurídico y financiero gratuito, incorpora la figura del “sobreendeudamiento del consumidor” al Código Civil y limita las retenciones automáticas sobre cuentas sueldo y prestaciones sociales.

También existen iniciativas a nivel subnacional, como la “Ley de Desendeudamiento Popular” presentada por los legisladores porteños, Delfina Velázquez y Pitu Salvatierra, que propone la creación de un programa público específico de desendeudamiento donde el Estado local actúe como mediador, pero brinde líneas de asistencia financiera blanda o esquemas de consolidación de deudas para rescatar a las familias atrapadas en deudas por servicios, alquileres o consumos básicos. La senadora bonaerense Mónica Macha redactó una propuesta para la regulación del cobro de deudas en la provincia, que busca regular el acoso y hostigamiento de los estudios de cobranza extrajudicial.

Todos los proyectos parten de una base común: el endeudamiento dejó de ser una situación excepcional para convertirse en una condición cada vez más extendida de la vida cotidiana. Detrás de cada crédito impago no hay únicamente una cuenta en rojo, sino ingresos que no alcanzan, tareas de cuidado que recaen desigualmente sobre las mujeres y familias que utilizan la deuda para sostener consumos básicos. La discusión que empieza a abrirse en el Congreso apunta precisamente a eso: dejar de tratar la morosidad como un fracaso individual y reconocerla como una consecuencia social de un modelo económico que empuja a millones de personas a financiar su supervivencia.