Ley de financiamiento universitario: la UBA le solicitó a la Corte Suprema que “se expida a la mayor brevedad”
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La Universidad de Buenos Aires formalizó este miércoles un pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal “se expida a la mayor brevedad” en la causa vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición salarial docente.
La presentación fue realizada por el Consejo Superior de la UBA luego de la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria, que volvió a reunir a miles de personas en la Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país en defensa de la educación pública.
En el documento, las autoridades universitarias reclamaron además que la Corte exija al Gobierno nacional la “implementación inmediata” de la Ley 27.795, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, y sostuvieron que el Poder Ejecutivo no cuenta con “un fallo definitivo a su favor” que lo habilite a continuar sin aplicar la norma.
El pedido presentado ante la Corte se conoció apenas un día después de la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada durante la administración libertaria. En los considerandos de la resolución, la UBA destacó “la masiva participación registrada a lo largo y a lo ancho del país” y sostuvo que la convocatoria volvió a evidenciar “el amplio consenso social existente en torno a la defensa de la universidad pública”.
El reclamo de la UBA y la situación presupuestaria
En la resolución difundida este miércoles, la UBA pidió garantizar “la plena vigencia” de la Ley de Financiamiento Universitario y “la protección efectiva del sistema universitario público argentino”.
Las autoridades señalaron que la situación económica de las universidades nacionales se agravó en los últimos años y advirtieron que los fondos transferidos registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, período que coincide con el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
Según expresaron, ese deterioro presupuestario afecta no sólo el funcionamiento académico cotidiano, sino también áreas sensibles vinculadas a la investigación científica, las becas estudiantiles y la asistencia sanitaria que brindan hospitales universitarios como el Hospital de Clínicas.
En el texto aprobado por el Consejo Superior también exigieron al Poder Ejecutivo “el efectivo cumplimiento de la Ley” para garantizar el desarrollo normal de las tareas de docencia, investigación, extensión universitaria y atención de la salud que llevan adelante las universidades nacionales.
La resolución remarca además que la educación pública universitaria constituye “un orgullo de la sociedad argentina” y define a las universidades nacionales como instituciones fundamentales para el desarrollo científico, cultural, social y productivo del país.
Cómo llegó el caso a la Corte Suprema
El conflicto judicial por la Ley de Financiamiento Universitario se trasladó formalmente a la Corte Suprema luego de una decisión de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Ese tribunal concedió un recurso extraordinario presentado por el Estado nacional y suspendió la medida cautelar que obligaba al Gobierno a transferir los fondos previstos por la norma.
A partir de esa resolución, el expediente quedó bajo análisis del máximo tribunal del país, motivo por el cual la UBA resolvió presentar un pedido institucional para acelerar una definición judicial.
Las autoridades universitarias también solicitaron que el juez de primera instancia se pronuncie sobre la cuestión de fondo vinculada al cumplimiento de la ley y reiteraron que consideran indispensable avanzar con la aplicación plena de la norma.