El Gobierno da marcha atrás con la reforma de la ley de Barrios Populares

Después de las críticas de la Iglesia Católica, las organizaciones sociales y las advertencias de los bloques aliados por los desalojos que puede generar, La Libertad Avanza aceptará excluir la reforma de la ley de Barrios Populares del proyecto sobre propiedad privada que está en el Senado,

Después de las quejas de distintos sectores, que le reclamaron al gobierno de Javier Milei por la suspensión del proyecto de ley “Inviolabilidad de la propiedad privada”, que de aprobarse significaría un grave retroceso en materia de integración urbana y acceso a derechos básicos para miles de familias, el oficialismo tuvo que dar marcha atrás, según indicó la Agencia Noticias Argentinas.

Sin ese capítulo, la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, busca consensuar sobre otro punto que genera rechazos que es la anulación de las restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras.

Mientras tanto, el oficialismo aceptó eliminar ese capítulo de reforma de la ley 27.453, que regularizaba las viviendas incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Urbana (RENABAP). Una norma con la que se pudo implementar un régimen especial para regularizar el dominio de propiedad, suspender desalojos y fijar condiciones para acceder y usar los inmuebles en los barrios populares.

La propuesta libertaria era que la tarea, que actualmente está a cargo del Estado Nacional, quede en mano de municipios y provincias, y derogaba un punto central que era la suspensión de desalojos por 10 años que podría traer un grave conflicto social si las familias perdían esas viviendas.

Ante esto, la Iglesia reaccionó rápidamente. Desde Córdoba, por ejemplo, el arzobispo Ángel Rossi rechazó la iniciativa y dijo que “no hay palabra alguna que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’”, y llamó a comprometerse para que “toda familia tenga un techo digno, acceso al agua potable y servicios básicos”.