El abandono de infancias como crimen de lesa humanidad va a juicio

“Este juicio va a juzgar por primera vez en el país el abandono de persona como delito de lesa humanidad”, subraya el abogado Federico Pagliero, de la APDH, parte de la representación querellante de la familia Páez. No exagera: el proceso que comenzará el 5 de mayo en Santa Fe -estaba pautado para fines de abril pero fue pospuesto- apunta directo a un punto ciego del terrorismo de Estado, el que convirtió a las infancias en blanco.

Desde el 5 de mayo, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, sentará en el banquillo a los agentes de inteligencia policial retirados Eduardo Riuli, Óscar Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti, y al ex secretario judicial Víctor Hermes Brusa. Están acusados por secuestros, torturas, abuso sexual y abandono de persona contra 34 víctimas, 16 de ellas menores de edad al momento de los hechos.

Cazar a Páez, arrasar con todo

“Se lo prometí a mi papá: iba a seguir hasta el final”, dice Mario Páez. Para cuando los represores tomaron por la fuerza el gobierno argentino, su papá Arnaldo Catalino Páez era un dirigente sindical del frigorífico “Nelson”, en la ciudad de Laguna Paiva, Santa Fe. Era, además, miembro de la agrupación “La Lucha” y referente del PRT.

Los genocidas del D2 santafesino lo buscaron desde un principio. A él y a sus compañeros de militancia en el frigorífico Nelson, integrantes de la agrupación “La lucha”. Los secuestraron entre febrero y abril de 1980. Aquellos hechos fueron juzgados por primera vez en aquel juicio que incluyó el cautiverio de Mario, el único caso que, al momento de sufrir la violencia estatal, tenía menos de 18 años.

Por esos hechos, en julio de 2021, la Justicia Federal de Santa Fe condenó a represores del D2 y la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) de la provincia -Riuli entre ellos-. Aquel debate dejó en carne viva y a la vista de todes las heridas con las que cargaron durante décadas les sobrines e hijes de Páez, a quienes las patotas cazaron para dar con el militante del PRT. Varies declararon ante los jueces.

“La Justicia, el Estado, tomó dimensión de la situación cuando la cantidad de historias similares a las de Mario comenzó a repetirse en el estrado de aquel debate”, cuenta Pagliero.

Hoy Mario Páez tiene 56 años. Tenía 14 cuando una patota del D2 lo tiró al piso en un horno ladrillero de Lima, Buenos Aires, y se lo llevó a punta de pistola. Él y sus seis hermanos, todos más chicos, dormían, comían y jugaban en una piecita que compartían con su mamá, Juana Medina, y Arnaldo, lindera a ese horno que les daba de comer. La familia se había instalado allí, perseguida.

“Trabajábamos en parejas. Mi papá cargaba el barro y yo cortaba los ladrillos. Mi mamá cortaba los ladrillos y mi hermano Mario cargaba el barro”, recuerda Mónica. En diálogo con este diario, cuenta que aquel 15 de febrero, mientras Mario y Juana alimentaban el horno y Arnaldo se había ido al centro porque estaba enfermo, vio desde la ventana de la casa de una vecina, que los cuidaba a ella y a sus cinco hermanos menores -el más chiquito apenas de un año y medio- a Riuli entre los represores que, de civil y armados, se llevaron a su hermano y a su mamá. En el camino, la patota encontró a Arnaldo, que bajaba del colectivo, y también lo secuestró.

Aquel fue el último operativo de una serie que había comenzado días antes. El 8 de febrero de 1980, en Esperanza, secuestraron a una hermana de Arnaldo y a su esposo; dejaron a cinco chicos solos. Volvieron por la hija mayor, Susana, y abusaron de ella en cautiverio. Días después, en el pueblo de Esteban Rams, cayeron sobre otro hermano: torturaron a él y a su hija adolescente, Susana, frente al resto de la familia. Luego se los llevaron a todos.

La lógica era simple: para llegar a uno, había que destruir a todos. Antes de Arnaldo fueron por su hermana Ramona, en Ceres.

Mario, al igual que su mamá y algunos de sus tíos y primos, terminó en un calabozo pequeño y casi sin respiración del D2. “A veces siento que de ese cuartito no salí nunca”, dice. Desde ahí vio cómo golpeaban a su madre embarazada mientras le exigían información que no tenía.

Tras el secuestro, Mónica se hizo cargo de sus cinco hermanos. Pasaron los primeros días en la casa de una vecina porque “los violentos rompieron todo, cortaron colchones, hicieron desastres” en su vivienda. Mientras tanto, ella y su hermano Ramón mantuvieron el horno ladrillero en funcionamiento. Luego intentaron refugiarse en casas de conocidos, pero la situación era insostenible.

Mónica incluso fue a denunciar lo ocurrido en la comisaría de Lima. “Me dijeron que me volviera, que mis padres seguramente ya no estuvieran vivos. Eso decía toda la gente: era lo que pasaba en esos tiempos”, recuerda.

Días después, los hermanos fueron institucionalizados en San Nicolás. La familia se reunió cuando Juana y Mario recuperaron la libertad. Arnaldo fue “blanqueado” y liberado tiempo después en Rawson. “Como pudo, regresó a casa”, cuenta Mario.

Volvieron a Laguna Paiva. Allí convivieron con uno de sus torturadores: Riuli, que siguió en la ciudad y en democracia se recicló como comunicador. “La gente conocía esa cara de él y nosotros la verdadera”, dice Mario.

El abandono también fue plan

La novedad no es solo cuantitativa. Es jurídica. El juicio incorporará el abandono de persona como delito de lesa humanidad. Niños de entre uno y catorce años quedaron solos durante días o semanas, sin adultos, en condiciones extremas. No fue un efecto secundario: fue parte del dispositivo represivo.

La Justicia de primera instancia se negó a investigarlo así. La APDH insistió y la Cámara de Rosario corrigió al sostener que ese abandono debía juzgarse dentro del mismo engranaje del terrorismo de Estado.

Lo que empieza ahora no es solo otro juicio. Es un cambio de lente: mirar de frente cómo la dictadura también disciplinó a través del abandono. Y cómo ese daño -demasiado tiempo relegado- empieza, recién ahora, a encontrar nombre y lugar en la Justicia.