El Gobierno pagó una parte, pero los colectivos siguen recortados: deuda, disputa y reunión en puerta
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La plata empezó a entrar, pero no alcanza para normalizar el servicio de colectivos en el AMBA. El giro parcial de Nación, acreditado pasado el mediodía, no revirtió la caída de hasta el 40% en la frecuencia. Las empresas mantienen la reducción mientras esperan una reunión con el Gobierno, programada para este jueves, que podría destrabar el conflicto.
El problema de fondo es una deuda acumulada de 208.750 millones de pesos, que no surgió de un solo atraso, sino de pagos que se fueron demorando desde julio de 2025 y se acumularon con el correr de los meses, con montos más altos en 2026.
La mayor parte está concentrada en pocos conceptos vinculados a los subsidios del sistema. Tres ítems explican gran parte del total:
- 48.700 millones de pesos correspondientes a febrero de 2026
- 56.800 millones de pesos como anticipo de abril a cargo de Nación
- 46.000 millones de pesos como anticipo de abril dentro del esquema provincial
Estos números muestran que el problema no está en gastos menores, sino en el financiamiento central del sistema de transporte.
Qué se pagó y qué falta
Este miércoles, Nación realizó un giro de fondos que permitió descomprimir parcialmente la situación. Sin embargo, el circuito de pagos sigue incompleto.
Tras esa acreditación, quedan pendientes 50.000 millones de pesos por atributos sociales correspondientes a enero, febrero y marzo, según consigan las cámaras empresarias. Según el sector, ese es hoy uno de los principales puntos que impide normalizar el servicio.
Desde la Provincia de Buenos Aires señalaron que ese pago se realizaría la próxima semana, en un intento por ordenar parte del atraso.
El conflicto: responsabilidades cruzadas
Detrás de la deuda hay una discusión que sigue abierta: cómo se financia el sistema.
La distribución del total marca el peso de cada nivel:
- Nación: 115.200 millones de pesos
- Provincia de Buenos Aires: 90.700 millones de pesos
- CABA: 2.850 millones de pesos
Pero el punto no es solo cuánto corresponde a cada uno, sino cómo se organizan los pagos. Hay subsidios que dependen de Nación, otros que se ejecutan a nivel provincial y otros que funcionan con esquemas compartidos.
En algunos casos Nación liquida y Provincia paga, o al revés. Sin un criterio claro, el sistema queda “atado” a negociaciones permanentes.
El límite inmediato: el gasoil
Incluso cuando empiezan a aparecer los fondos, hay un límite operativo que no se puede evitar. El gasoil se paga por adelantado: las petroleras cobran con 48 horas de anticipación.
Eso significa que la acreditación de dinero no se traduce automáticamente en más colectivos en la calle. Hay un retraso inevitable entre el pago y la carga de combustible.
A eso se suma la diferencia de precios. Las empresas pagan más de 2100 pesos por litro, mientras que en las planillas oficiales se reconoce 1744 pesos. En un insumo que representa el 20% de los costos, esa brecha termina de tensionar el sistema.
Menos pasajeros, menos margen
El sistema, además, viene perdiendo usuarios. En el último año, el transporte público registró una caída del 12%, lo que equivale a 1,1 millón de pasajeros menos por día.
En términos más amplios, el nivel actual representa apenas dos tercios del que existía hace una década.
La caída de la demanda se combina con una reducción del parque automotor, que pasó de 18.500 a 15.500 unidades en cuatro años.
Al mismo tiempo, el peso del subsidio estatal también bajó: pasó del 91% en diciembre de 2023 al 63% actual.
Lo que se viene
Con este escenario, las cámaras empresarias se reunirán este jueves con el Gobierno nacional para intentar ordenar la situación.
El planteo será, primero, cancelar la deuda de subsidios; después, discutir cómo sostener el costo del gasoil, ya sea a través de tarifas o de un nuevo esquema de compensaciones.
Hasta que no se resuelva ese doble frente -la deuda acumulada y el esquema de financiamiento-, el sistema seguirá funcionando con frecuencias reducidas.