“Si no tomamos conciencia, no vamos a tomar agua. La Ley de Glaciares no se toca”, advertía uno de los carteles que se vieron frente a la Plaza del Congreso mientras dentro del recinto se debatía la modificación de la Ley de Glaciares. Durante toda la jornada hubo acciones por parte de organizaciones sociales y ambientales para repudiar la iniciativa. Para variar, la Policía de la Ciudad volvió a reprimir con palos, empujones y gases a los manifestantes que marchaban pacíficamente, dejando un saldo de un detenido y al menos cinco heridos.
Desde jóvenes hasta personas mayores, la protesta reunió a diversos sectores de la sociedad que dejaron de lado sus actividades habituales para alzar su voz en defensa de la Ley de Glaciares. La Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC) es una organización conformada por jóvenes estudiantes, docentes e investigadores que militan por el ambientalismo popular. “Desde que el oficialismo tiene mayoría se nos ríe en la cara completamente y no tiene ningún tipo de interés de estar representando desde ahí a la población”, aseguró Laura Bastia, referente de la RUCC.
A las 17, la columna de las organizaciones sociales y ambientalistas ingresó a la plaza por la Avenida de Mayo al grito de “El agua no se vende, el agua se defiende”. La marcha se estaba realizando de manera pacífica hasta que el cordón de efectivos de la Policía de la Ciudad que escoltaba a los manifestantes los comenzó a empujar sin mediar ningún tipo de incidente o provocación previa. “Estábamos marchando muy tranquilos y de la nada nos empezó a correr toda una columna de la policía y cortaron la calle violentamente. Caminamos más rápido por los empujones y así y todo salió uno de ellos de atrás de la fila y con un spray me apuntó directo a los ojos”, se relató, de 43 años, mientras era atendido por el personal de la Posta de Salud y Cuidado.
La protesta se caracterizó por la creatividad de sus asistentes que, mediante diferentes actividades, expresaron su rechazo al proyecto de modificación del oficialismo. Sobre Callao, un glaciar de cartón se elevó frente al Congreso. A su lado, una bandera colgada en las vallas del operativo policial completaba el sentido: “Esta puede ser la última foto que te saques con un glaciar que aún existe”. Los tradicionales carteles no se hicieron de rogar. “La sed no entiende de minería, el agua no se negocia”, “los glaciares no se tocan” y “si no tomamos conciencia, no vamos a tomar agua”, son algunos de los ejemplos de las cientos de frases replicadas a lo largo de la jornada.
Para el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, el próximo paso para ponerle un freno al avasallamiento de Milei y la industria minera sobre los recursos naturales es la judicialización, tal como ocurrió con la reforma laboral y las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. “Es el camino que sigue. Hoy termina una etapa y mañana arranca el camino de la judicialización, que va a ser histórica. La inscripción de 100 mil personas en la audiencia pública está marcando el ritmo de lo que va a venir”, vaticinó Napoli.
En ese sentido, el director de la FARN sostuvo que el debate sobre el proyecto llegó hasta este punto crítico “porque todo el sector minero viene presionando por esta reforma, y ahora han encontrado una veta política para dar el golpe, y lo están logrando, tienen la mayoría” declaró Napoli y advirtió que esta presión del sector “viene de la mano de un reparto de dinero indiscriminado” del ejecutivo Nacional a los gobernadores.