Familias campesinas denunciaron el hostigamiento de empresarios españoles para sacarlos de sus tierras
OtrasVoces
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) denunció un nuevo conflicto de tierras en la provincia, atribuido a “una asociación ilícita” integrada por terratenientes y empresarios. “El conflicto es histórico y se remonta a hace 40 años; comienza con un empresario de origen español llamado Alfonso Fuentes Barrau”, explicó Daniel Giannoni, del MOCASE Vía Campesina.
Según la organización, el conflicto se desató cuando el empresario intentó apropiarse de 20 mil hectáreas pertenecientes a la comunidad “Sentimiento de mi tierra”, del pueblo indígena sanavirón. Dentro de la fracción en disputa se encuentra el paraje Las Abras, ubicado en el departamento Mitre, al sur de Santiago del Estero. El lugar contaba con infraestructura clave para otros parajes cercanos: destacamento policial, registro civil y posta sanitaria.
Desde el MOCASE sostienen que Barrau “es responsable de la matanza de más de 3.000 animales que formaban parte de la producción de las familias” y que también “fumigó a cielo abierto durante muchos años sobre las viviendas, lo que implicó daños en la salud de la compañera Alicia Cisneros”.
Por su parte, Víctor Daniel Nazar, abogado de Fuentes Barrau, habló en Radio Exclusiva para intentar “desmentir” a la organización campesina. Sostuvo que su representado es titular del dominio desde hace 50 años, que el campo está completamente alambrado y que el problema comenzó en 2023, “cuando dos o tres familias comenzaron a romper el alambrado con intenciones de ocupar el campo”. También afirmó que, si bien el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció a la comunidad en una resolución, el lote en cuestión se encuentra “a 10 kilómetros de distancia del campo de Las Abras”.
Fuentes Barrau se convirtió en terrateniente en Santiago del Estero, pero previamente fue un reconocido empresario español acusado de dos crímenes. El primero ocurrió el 28 de junio de 1978, cuando su empresa constructora, Cinca, edificó 614 viviendas en un terreno habilitado para 108. Tras el reclamo de los compradores, el empresario sacó un arma no registrada y disparó contra cuatro personas. “Fuentes Barrau: de constructor sin licencia a pistolero”, tituló entonces el periódico español La Unión del Pueblo.
A fines de la década de 1990, fue nuevamente detenido —y luego liberado— por la muerte de Francisco Javier López Aldea, según consignó el diario El País. Aldea había sido designado interventor del casino de Zaragoza, propiedad de Barrau, en un contexto de fuertes tensiones. Antes de llegar a Santiago del Estero, el empresario “estuvo exiliado en varios países como India y México”, agrega Giannoni.
En 2024, la organización campesina detectó movimientos de otras personas locales vinculadas al empresario: Diego Kemel y Andrés Cadamuro. El MOCASE denuncia que Kemel estaría vinculado a los “piratas del asfalto” de la localidad de Pinto y bajo investigación por presuntos vínculos con el cártel “Los Monos” en Rosario. “Cadamuro es conocido por acaparar tierras mediante el uso de bandas armadas; tiene litigios civiles y penales con otros empresarios cerca de Pinto”, señala Giannoni.
Según lo trascendido, Kemel y Cadamuro habrían llegado a un acuerdo con Fuentes Barrau para vender una porción del territorio de Las Abras, con la garantía de ejecutar el desalojo de las familias. Esto derivó en un conflicto armado ocurrido hace dos años, que terminó con detenciones. Quedaron a disposición de la Justicia Cadamuro, Franco Luna (señalado como jefe de la banda armada) y Kemel, quien se había fugado de Santiago y meses después se entregó voluntariamente.
En el último capítulo del conflicto se sumó un nuevo empresario español, quien en noviembre pasado se presentó como apoderado de Fuentes Barrau en el país: José Frederick San Román Marshall. Se presenta como inversor financiero en entidades como JP Morgan o Lehman Brothers, y como productor de contenidos audiovisuales para Lucas Film y Paramount.
Kemel y Cadamuro obtuvieron su libertad hace tiempo y han vuelto a circular por el territorio, denuncian desde la comunidad campesina. “Se desplazan en camionetas, merodean los caminos y fomentan un clima de inseguridad para las familias que producen en la zona”, advierte Giannoni, quien además señala que “ya hay intentos de maniobras comerciales para fraccionar el territorio comunitario, ofrecer la tierra a terceros y desentenderse del conflicto histórico”.