José Luis Cabezas, memoria y democracia: cuando informar se volvió un riesgo

Cabezas había logrado lo que parecía imposible en los años noventa: fotografiar al empresario Alfredo Yabrán, uno de los hombres más poderosos y opacos de la Argentina, emblema de un entramado donde se mezclaban negocios, política, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Aquella imagen publicada por la revista Noticias el 3 de marzo de 1996 rompió el pacto del silencio. La respuesta fue el terror.

Desde el primer momento, el asesinato sacudió al país. El entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, habló de que le habían “tirado un muerto” en medio de la disputa política con el presidente Carlos Menem. Pero más allá de las internas del poder, lo que quedó al descubierto fue algo más profundo: la persistencia de estructuras capaces de disciplinar a quienes se animaran a investigar.

Cabezas: un crimen planificado, una zona liberada

La investigación judicial, que demoró tres años en llegar a una sentencia, reconstruyó una secuencia marcada por la premeditación y la complicidad estatal. En la madrugada del 25 de enero, Cabezas cubría la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani. Afuera, los asesinos merodeaban. Algunos vecinos alertaron sobre movimientos sospechosos y los custodios de la fiesta llamaron a la comisaría de Pinamar. No llegó ningún patrullero.

Horas después, al salir de la casa de Andreani, también dueño de un correo privado como Yabrán, Cabezas fue interceptado. “Ahí está. Métanle caño y tráiganmelo”, ordenó el policía Gustavo Prellezo. Fue golpeado, secuestrado, llevado por un camino de tierra hasta una cava y ejecutado de rodillas. Luego, el cuerpo fue incendiado. No fue un exceso: fue una demostración de poder.

El juicio permitió establecer responsabilidades: la zona liberada, los policías involucrados, los sicarios contratados. También dejó en claro que el crimen no fue un hecho aislado, sino parte de una red donde convergían intereses económicos, policiales y políticos.

Yabrán, el poder que no quiso ser fotografiado

La causa probó que Alfredo Yabrán había expresado su deseo de “tener un verano tranquilo”, sin periodistas ni fotógrafos. Su jefe de seguridad, Gregorio Ríos, canalizó ese pedido. El resultado fue el asesinato de Cabezas.

Cuando la Justicia ordenó la detención de Yabrán, el empresario se fugó y días después, el 20 de mayo de 1998, apareció muerto. Con su suicidio, la causa en su contra se extinguió. El sistema judicial, una vez más, mostró sus límites: sin condenado, no hay sentencia; sin sentencia, la verdad queda incompleta.

Las escuchas posteriores revelaron llamadas entre Yabrán, su entorno, la SIDE y la Quinta de Olivos en momentos clave del caso. Indicios de un entramado que nunca fue juzgado en su totalidad.

"Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza"

Alfredo Yabrán

Justicia fragmentada para una memoria que persiste

Aunque en un primer momento las condenas fueron a prisión perpetua, en 2003 la Cámara de Casación bonaerense recaratuló el delito y redujo las penas. Con el paso del tiempo, muchos de los responsables recuperaron la libertad. La verdad permanecía en los expedientes, pero la Justicia se diluía entre tecnicismos y decisiones políticas.

La familia de Cabezas pagó el costo más alto. Sus padres dedicaron su vida a reclamar justicia. Su compañera y su hija tuvieron que exiliarse para reconstruir una vida lejos del país que no pudo protegerlos.

“No se olviden de Cabezas”

A casi tres décadas del crimen, la consigna sigue vigente porque el problema no pertenece al pasado. Recordar a José Luis Cabezas no es un gesto nostálgico: es un acto político y democrático.

Es reafirmar que la libertad de prensa más que la libertad de empresa, la información sin condicionamientos y la transparencia sobre las acciones del poder económico y político son pilares indispensables para cualquier sociedad que se pretenda democrática.

La memoria no garantiza justicia, pero sin memoria no hay posibilidad de exigirla. En una Argentina donde el poder sigue intentando ocultarse, disciplinar o deslegitimar al periodismo, Cabezas vuelve a interpelar: cuando informar se vuelve peligroso, la democracia está en riesgo.

Mantener unidas a la memoria, a la verdad y a la justicia no es una consigna vacía. Es una responsabilidad colectiva, sin la cual en el futuro es posible que se repitan las peores escenas del pasado.

Fuente: Nota al Pie