Los buitres vuelven a la carga en el caso YPF

Los buitres atacan de nuevo. El próximo 15 de enero, el fondo Burford, beneficiario del fallo de 16.100 millones de dólares por la nacionalización de YPF, presentará ante la jueza Loretta Preska un escrito formal solicitando que se declare al Estado argentino en desacato y se le apliquen sanciones económicas.

“Estás presentaciones resultan del supuesto, (repito) supuesto incumplimiento del país de una orden que lo obliga a presentar los WhatsApp y servicios de mensajería similares de ciertos funcionarios públicos. Ya lo han hecho la gran mayoría, pero, al 12 de enero, restan 6 que no“, explicó el especialista Sebastián Maril.

Según adelantó, Argentina presentará su escrito de defensa el próximo 19 de febrero, argumentando que no existe tal incumplimiento. La Procuración del Tesoro afirma que “la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”.

“Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”, indicaron voceros oficiales. “La gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”, destacaron.

 
La jueza Preska también había ordenado a la Argentina el año pasdo entregar toda la información requerida por los demandantes, como la ubicación del oro del país y de otros activos.

Argentina “ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”, se quejó Preska en su fallo, donde recordó que independientemente de si las reservas de oro se encuentran bajo custodia del Banco Central o no, el país está obligado a proporcionar documentación que tenga en su poder sobre estos activos.

Adicionalmente, la magistrada que reemplazó a Thomas Griesa en el juzgado de Nueva York “pidió a Gobierno que dé información sobre cuentas soberanas ubicadas a nivel local y en Estados Unidos, que incluyen aquellas pertenecientes a diplomáticos, embajadas y consulados, así como las cuentas de bancos con empresas con las que el Gobierno haya hecho alguna operación comercial”, precisó.