El Gobierno festejó haber echado a más de 60 mil trabajadores estatales y anunció más despidos

El gobierno nacional echó a más 80 trabajadores estatales por día desde que asumió Milei. La destrucción del empleo en la administración pública nacional ya sumó más de 60 mil despedidos desde diciembre de 2023, según lo confirmó un informe del ministerio que conduce Federico Sturzenegger. Este brutal recorte fue festejado por el gobierno como un logro, con el argumento de que eliminó “ineficiencias” y logró “un ahorro a todos los argentinos”, ahorro que los libertarios estimaron en 2.444 millones de dólares. Además de difundir su informe, el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado hizo trascender que en los próximos tres meses quiere recortar otro 10 por ciento de la dotación estatal.

Tanto el informe que se ufana de los 60 mil despidos como el anuncio de que habrá nuevos fue repudiado por la Asociación de Trabajadores del Estado, que se declaró en alerta y movilización. “No habrá pasividad ni resignación: llevaremos adelante medidas de fuerza”, anticipó la seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado, que es la que tiene mayor cantidad de trabajadores del estado nacional. Anticipando un verano con alta conflictividad, la seccional llamó a otros gremios y organizaciones sociales y políticas a acompañarlos en su lucha.

 
A su vez, el titular del sindicato a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que el “ahorro” mileísta está teniendo graves consecuencias, como se vió en estos días en la Patagonia, donde se hizo evidente la incapacidad del estado para combatir los incendios. Aguiar recordó que el Programa Nacional de Manejo del Fuego fue recortado en un 70 por ciento. Hay “ahorros” que se terminan pagando caro.

El ARCA, al tope de los despidos

El desguace del Estado ha sido una política central de la gestión de Milei. ¿Por dónde pasó la motosierra? El informe del gobierno detalla que redujo el personal de las empresas del Estado (como Aerolíneas o el Banco Nación) en un 19,9 por ciento y a la administración pública nacional (ministerios y organismos) en un 17 por ciento.

En cuanto a quiénes fueron los más afectados, los trabajadores del Estado tenían altos grados de precarización -contratos basura, monotributistas-, que fueron los más despedidos mediante la no renovación de sus contratos. En menor medida fueron echados quienes tenían puestos de planta transitoria e incluso quienes eran parte de la planta permanente, luego de ser pasados a disponibilidad en aplicación de la Ley Bases, que terminó con la garantía de estabilidad en el empleo público.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó un análisis que permite observar cómo los despidos (el supuesto “ahorro” festejado por el gobierno) afectaron nodales del Estado, algunas tan cruciales como su capacidad de recaudar

El CEPA indicó que en la Administración Pública Nacional “la mayor reducción nominal de personal se registró en ARCA (la ex Afip), con 3.260 puestos de trabajo eliminados, lo que representa un golpe directo a la capacidad de fiscalización, recaudación y control administrativo del Estado. Este recorte masivo compromete el funcionamiento de un organismo clave para la sostenibilidad financiera del sector público y la eficiencia en la gestión de los recursos”.

Los organismos científicos y técnicos del Estado fueron otros que sufrieron un fuerte ataque. “El CONICET, principal institución de promoción de la investigación científica en el país, sufrió una reducción de 2.080 trabajadores, entre investigadores, técnicos y personal de apoyo”, señaló el CEPA. “Esta medida no solo afecta la continuidad de líneas de investigación de largo plazo — muchas de ellas vinculadas a problemáticas críticas como salud, ambiente, energía y soberanía alimentaria—, sino que debilita el tejido institucional del sistema científico argentino, históricamente reconocido en la región”.

En el tercer lugar de los organismos con más despidos está el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), que tiene funciones estratégicas como la de garantizar el acceso a internet y (no con este gobierno claro) regular las tarifas de sus prestadores. El Enacom perdió nada menos que 834 trabajadores. “En un país con profundas desigualdades de acceso a internet y servicios de telecomunicaciones, este recorte implica una renuncia al objetivo de achicar la brecha digital”, señala el informe del CEPA.

Le siguen el INTI, del que dependen cuestiones como la asistencia técnica a pymes, el desarrollo de normas de calidad, la transferencia tecnológica y la producción de bienes con valor agregado nacional, y del que fueron despedidas 786 personas. mientras que en el INTA, enfocado en el desarrollo agropecuario, quedaron 683 trabajadores menos. Ambos se suman al SENASA, responsable de controlar la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal, que perdió 626 puestos de trabajo.

Otra de las grandes afectadas fue la ANSES, lo que afecta la gestión de las jubilaciones, pensiones , asignaciones familiares, “es decir, repercute directamente en los sectores más vulnerables, que requieren de un Estado presente y eficaz”.

“El enfoque parece ser cuantitativo más que estratégico: se reduce personal sin un análisis del impacto institucional ni de las capacidades públicas que se están desarticulando”, concluyó el centro de estudios. “Lejos de modernizar o eficientizar al Estado, estas medidas tienden a vaciarlo de contenido, conocimiento y herramientas para intervenir en el desarrollo nacional”.