Confirman el procesamiento de uno de los jefes de la dirección de inteligencia de la Bonaerense

La Cámara Federal de La Plata firmó un fallo en el que señala que el aparato de espionaje jugó un rol central en la represión llevada adelante por la última dictadura. “Cabe decir que el rol de la inteligencia en la selección y persecución de las víctimas tuvo una importancia fundamental y se caracterizó por el accionar conjunto y coordinado de las diferentes fuerzas de seguridad, militares y policiales”, sostiene la resolución rubricada por Jorge Di Lorenzo y César Álvarez.

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento de José Ignacio Salvador, que había dictado en julio pasado el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien investiga el rol que jugó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) durante los años del terrorismo de Estado.

 
La estructura de inteligencia de la Bonaerense se creó en 1956, durante la dictadura de la “Revolución Libertadora”. La DIPPBA tuvo delegaciones en 16 partidos de la provincia. El 30 de agosto de 1976, Ramón Camps decidió la creación de la delegación Capital Federal, que tenía su sede en la avenida Callao 235 —donde funciona la Casa de la Provincia—.

Entre el 30 de diciembre de 1976 y el 2 de febrero de 1978, Salvador ejerció como jefe de la Delegación Enlace Capital Federal. La Delegación Capital Federal intercambiaba información con otros organismos de inteligencia. Por ejemplo, daba curso a pedidos formulados por los distintos grupos de tareas del Batallón 601. También asignaba agentes en comisión. Carlos Hours, un policía que declaró en el Juicio a las Juntas, relató que en 1978 tuvo que presentarse ante Salvador. Éste le dio una credencial falsa y lo llevó hasta Viamonte y Callao —donde funcionaba el Batallón 601—.

Salvador, además, participaba de las reuniones de la Comisión Asesora de Antecedentes, que funcionaba en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La Comisión analizaba los listados de personas detenidas en las cárceles y decidía si podían acceder a la opción de salir del país. Salvador fue también quien difundió el listado Delta, una nómina de personas a detener confeccionada por el Servicio de Inteligencia Naval (SIN).

Ramos Padilla responsabilizó a Salvador por tres secuestros: el de Samuel Leonardo Slutzky —ocurrido en junio de 1977—, el de Hugo Arnoldo Corsiglia —en julio de 1977— y el de Luis Ignacio López Comendador —en junio de 1977—.

“La compleja normativa a la que alude el magistrado de primera instancia permite tener por acreditado, con la certeza que exige esta etapa procesal, que la DIPPBA funcionó como proveedora de información de inteligencia producida por los agentes de sus delegaciones a requerimiento —por ejemplo— de integrantes de diferentes grupos de tareas (GT) del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército”, escribieron los integrantes de la Sala II de la Cámara platense.

“En su rol de enlace, Salvador actuó como canal de información entre las diversas agencias de inteligencia, lo que derivó en el secuestro, la privación ilegal de la libertad, las torturas y la consecuente desaparición forzada —sin conocerse su destino hasta la fecha— de Samuel Leonardo Slutzky, Hugo Arnoldo Corsiglia y Luis Ignacio López Comendador”, añadieron los camaristas.

Para Álvarez y Di Lorenzo, no hay dudas de que Salvador tenía contactos con los distintos grupos de tareas que funcionaban en el Batallón 601 y que les había provisto información en estos casos al GT 1, al GT 3 y al GT 4. “José Ignacio Salvador aparece como un engranaje fundamental del sistema montado para identificar personas —objetivos—, secuestrarlas y desaparecerlas, actuando como canal de comunicación entre diversas agencias de inteligencia y aportando información fundamental para dicha empresa”, concluyeron.

Ramos Padilla también había procesado a Juan Antonio Fumez, quien estuvo al frente de la Delegación Lanús de la DIPPBA entre noviembre de 1977 y marzo de 1981. Según lo reconstruido en el Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, la DIPPBA fraguó un enfrentamiento para sostener que Raúl Bonafini, hijo menor de Hebe de Bonafini, había muerto allí. Fumez sabía la identidad del muchacho y el nombre de su madre, pero jamás le dio aviso.

Como Fumez no apeló su procesamiento, éste quedó firme. Tras la ratificación de la Cámara, Ramos Padilla deberá comenzar los trámites para elevar a juicio a los dos espías de la Bonaerense.