La reforma laboral de Milei marcará el debate en el Congreso: la ingeniería fina de la flexibilización ya está escrita

El gobierno de Javier Milei presentará este martes su proyecto de Reforma Laboral al que llamó con aires de grandilocuencia de “Modernización Laboral”.

Es un viejo anhelo del oficialismo que ahora busca avanzar en sesiones extraordinarias con el impulso de su nueva mayoría relativa en Diputados.

Detrás del anuncio rimbombante, que la describe como “una reforma pro empleo”, aparece un texto extenso, detallado y cuidadosamente diseñado para modificar la arquitectura jurídica del trabajo en la Argentina.

El proyecto no es un bosquejo ni una declaración de intenciones: es una hoja de ruta concreta. Y, sobre todo, una ruptura respecto del sistema que ordenó las relaciones laborales durante las últimas cinco décadas.

Esta ruptura apunta directamente a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744 de 1975, que desde su sanción fue el pilar del derecho laboral argentino, consagrando principios fundamentales como el de la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad de derechos. El proyecto de Milei, al modificar aspectos centrales de la LCT, busca desmantelar el andamiaje de protección que rigió las relaciones laborales por casi medio siglo.

El intento de «modernización» evoca, además, el antecedente más traumático de la historia reciente: la Reforma Laboral del año 2000 del gobierno de Fernando De la Rúa (Ley N° 25.250).

Aquella iniciativa, que también promovía la flexibilización, pasó a la historia como la «Ley Banelco» a raíz del escándalo de sobornos en el Senado para su aprobación, un episodio de corrupción que provocó una crisis política y la renuncia del entonces vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez. La actual propuesta, por su profundidad y el clima de conflicto que genera, se inscribe en esta línea histórica de intentos de flexibilización resistidos.

El corazón del proyecto de Reforma Laboral: flexibilización estructural
Entre los primeros artículos del texto aparecen las líneas maestras de la reforma: la redefinición de las modalidades de contratación, la ampliación de causalidades para la pérdida de la antigüedad, la incorporación plena del banco de horas y un conjunto de medidas que, según el Gobierno, “modernizan” el empleo, pero que para los gremios configuran una flexibilización sin precedentes.

Uno de los fragmentos más elocuentes del articulado establece que la finalidad de la reforma es “dotar de mayor dinamismo y adaptabilidad al mercado laboral”, un eufemismo que en la práctica se traduce en mayor poder para el empleador en la organización del tiempo, las tareas y los esquemas de contratación.

Vacaciones fragmentadas: la lógica de la parcialización
El proyecto confirma que las vacaciones podrán ser fraccionadas, y aunque permite que trabajador y empresa acuerden libremente el esquema, admite que el empleador tenga la potestad de imponerlo siempre que medie un aviso con 45 días de antelación.

En su articulado, el texto menciona la posibilidad de “organizar períodos discontinuos”, lo que consolida una tendencia que especialistas describen como “atomización” del descanso anual.

Para los gremios, esto abre un marco ambiguo donde el derecho al descanso deja de ser un bloque protegido para convertirse en un mosaico manejado según las necesidades productivas.

Banco de horas: la reorganización del tiempo
El proyecto incorpora la figura del banco de horas, permitiendo acumular horas extra para compensarlas en jornadas libres o reducidas, eliminando en la práctica la obligación del pago diferencial por trabajo adicional.

Se destaca que estas horas podrán compensarse dentro del ciclo productivo definido por el empleador, siempre que se respeten descansos mínimos. Nada dice, sin embargo, sobre mecanismos de control sindical o límites por actividad, lo que anticipa tensiones en sectores de alta rotación o productividad intensiva.

Fin de la antigüedad garantizada
Una de las modificaciones más sensibles del proyecto apunta directamente a la antigüedad: desaparece la garantía de conservarla en caso de sustitución patronal. Es decir, si cambia el empleador, se pierde la antigüedad acumulada, una cláusula que hasta ahora protegía la continuidad laboral en fusiones, ventas o traspasos.

El artículo correspondiente indica que la antigüedad se “computará exclusivamente en relación con el empleador que formalice la contratación”, una fórmula que representa un retroceso en términos de estabilidad histórica.

Fondo de cese laboral: el modelo Uocra para todos
El proyecto pretende habilitar un fondo de cese laboral, inspirado en el sistema de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), como alternativa a la indemnización por despido. Según el articulado, será un esquema “acordado por convenio colectivo” y financiado enteramente por el empleador, con depósitos mensuales en una cuenta individual.

El ejemplo de la Uocra tiene una doble lectura: por un lado, las características de la propia actividad con rasgos de temporalidad que no hay en otras ramas. Por el otro, la figura de su histórico líder. Gerardo Martínez, el canciller de la CGT es el representante en la mesa del Pacto de Mayo y estuvo en la última reunión donde se presentó el tema, aunque muy por arriba.

«No hay consenso porque los títulos y los argumentos establecidos en el debate, no nos ha hecho ponernos de acuerdo», dijo Martínez a la salida de la reunión en Casa Rosada el miércoles 26 de noviembre.

Además de su presencia en el Pacto de Mayo, Martínez se reunió ese día con el asesor presidencial Santiago Caputo: «estuvimos hablando de todos los temas que forman parte de la preocupación que tenemos. Me parece que Santiago Caputo es un asesor del presidente que también habla con los distintos sectores y, por supuesto, escucha también el pensamiento, el análisis y la opinión que tenemos los trabajadores sindicalmente organizados».

Ahora, la CGT ya conoce oficialmente el texto. Hay quienes están actualizando esa consigna sobre “poner la fecha”, para una eventual paro y movilización.

Aunque el Gobierno lo presenta como una herramienta de previsibilidad, en la letra del proyecto queda claro que este fondo podría reemplazar de hecho a la indemnización, sobre todo en sectores donde los empleadores presionen para adoptarlo en convenios propios.

Además, el texto incorpora la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con un aporte del 3% de las contribuciones patronales y administración estatal, una caja destinada a financiar “contingencias laborales” pero sin definiciones claras sobre su uso.

Contratos más flexibles y pago en especie
Otro artículo del proyecto habilita enfáticamente nuevas modalidades de contratación “según necesidades específicas de la actividad”, lo que abre el juego a esquemas de tiempo parcial y formatos híbridos.

El mismo apartado establece que las partes pueden pactar la remuneración “en pesos, moneda extranjera o en bienes”, incluyendo alimentos u otros productos valorizables, siempre dentro de un convenio previo. Para laboralistas críticos, esta cláusula introduce una forma encubierta de salario en especie, que podría afectar la capacidad adquisitiva y la estabilidad del ingreso.

Lo más cercano es la idea de la dolarización que Milei usaba en su campaña para las elecciones presidenciales y la trampa que muchos creyeron de poder cobrar en dólares, como si eso en sí mismo mejorara la calidad de la vida.

Derecho a huelga en riesgo: servicios esenciales ampliados
Los artículos vinculados a la definición de servicios esenciales amplían significativamente el alcance de esta categoría. La CGT ya anticipó que este punto será judicializado apenas se apruebe, porque afecta directamente al derecho constitucional de huelga.

Fuentes gremiales remarcaron que el texto incorpora actividades que nunca fueron consideradas esenciales en la legislación argentina ni en convenios internacionales.

Judicialización bajo control: límite a los jueces laborales
Otro eje polémico del proyecto fija un cálculo único de actualización judicial, ajustado por IPC más una tasa del 3% anual, y prohíbe la capitalización de intereses.

El discurso oficial habla de “evitar discrecionalidades”; el efecto esperado es achicar las indemnizaciones judiciales y limitar el margen de los magistrados del fuero laboral.

Milei corre el riesgo de almorzar la cena, agrandado por lo que cree es el fin de la historia ajena y el comienzo de la propia.
El tablero de la reforma: rechazo sindical y apoyo industrial
La presentación del proyecto de Modernización Laboral va a polarizar claramente las posturas de los principales actores sociales. Por un lado, las centrales obreras ya manifestaron un rechazo categórico, mientras que el sector industrial expresó un respaldo general.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), son las voces más críticas. La CGT denunció que el Gobierno impide una reforma laboral consensuada al negarse a sentarse a negociar, y advirtió que el proyecto, al modificar puntos sensibles como el fondo de cese, el banco de horas y la ampliación de servicios esenciales, configura una «flexibilización sin precedentes» que atenta contra los derechos adquiridos.

La CTA, por su parte, ha ido más allá, calificando la iniciativa como «esclavista» y presentando un contraproyecto que busca ampliar derechos con políticas progresivas. Ambos bloques sindicales han anticipado movilizaciones y una fuerte judicialización de los artículos más polémicos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fue la organización que llegó más lejos y ya planteó un escenario de lucha, con su convocatoria a un paro nacional para el martes 9 de diciembre.

En el sector empresario, la Unión Industrial Argentina (UIA), respaldó la necesidad de la reforma. Desde la entidad sostienen que es «necesaria una modernización para ser competitivos» y que la legislación actual es un obstáculo para la creación de empleo formal.

Si bien la UIA expresó su apoyo a los ejes de flexibilización y la modificación del régimen indemnizatorio, también ha manifestado cautela respecto a los efectos de la recesión económica y la necesidad de que la reforma se traduzca en una mejora real de la competitividad del sector transable.

El trasfondo político: velocidad, riesgo y una prueba de fuerza
El Gobierno quiere aprobar la media sanción antes de fin de año o en el transcurso del primer mes de 2026, cuando se desarrollarán las sesiones extraordinarias. La oposición dialoguista está dividida y los gremios ya anunciaron movilizaciones: la reforma ingresará al Congreso con clima de conflicto.

La Casa Rosada siente que tiene el momento de su lado, pero su apuesta es temeraria: buscar una refundación laboral sin consensos reales, apoyándose solo en una fuerza parlamentaria ampliada, que fue construida en medio de negociaciones con gobernadores dóciles que todavía creen en las promesas.

La reforma laboral de Milei no es una reforma más: es un rediseño profundo del pacto laboral argentino. Su aprobación, sin acuerdos y con un Congreso fragmentado, podría inaugurar una etapa de litigios judiciales, conflictividad y tensiones sociales de magnitud.

Lo que la experiencia argentina demuestra es que la creación de empleo y los ciclos de crecimiento con inclusión dependen de condiciones favorables para la ampliación del mercado interno, que explica prácticamente el 70% del Producto Bruto Interno.

La sangría cotidiana de suspensiones, de paralización de actividades y de cierre de empresas, producto de la evidente caída del consumo no parecen el mejor escenario para este debate. Milei corre el riesgo de almorzar la cena, agrandado por lo que cree es el fin de la historia ajena y el comienzo de la propia.

Si Alberto Flamarique, ministro de Trabajo de la Alianza en el año 2000, le dijo a Hugo Moyano que para los senadores “tenía la Banelco”, sería muy bueno poder enterarnos ahora que tienen para los actuales legisladores.

Lo necesita la salud de la maltrecha democracia, vapuleada hasta en lo simbólico por la presencia de los memes-diputados (que por supuesto votó parte de la sociedad).

Pero, sobre todo, porque de aprobarse el proyecto de la Reforma Laboral que quieren los empresarios y ejecuta el Gobierno, la idea de los derechos que existen aunque no se apliquen será una quimera propia de la nostalgia de los tiempos.

Dicho de otro modo: la Reforma Laboral hará retroceder la vida de las personas en más de 100 años. Avanzado el siglo 21, las mayorías viviremos como en el siglo 19.

¿Modernización? Afuera.