--- canonical_url: "https://otrasvocesbonaerenses.com.ar/contenido/8543/piden-la-suspension-del-nuevo-regimen-penal-juvenil" title: "Piden la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil" article_type: "Article" description: "Cuarenta organizaciones rechazaron la baja en la edad de punibilidad y advirtieron sobre severas falencias en la implementación de la ley." main_image: "https://otrasvocesbonaerenses.com.ar/download/multimedia.normal.83002e5206c3eeb7.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-09-08T10:46:00-03:00" date_modified: "2026-09-08T10:48:09-03:00" author_name: "OtrasVoces" author_url: "https://otrasvocesbonaerenses.com.ar/usuario/2/otrasvoces" author_social_links: - "https://www.facebook.com/MediosCMS" - "https://twitter.com/medioscms" - "https://instagram.com/medioscms" - "https://www.youtube.com/MediosCMS" category_name: "Sociedad" category_url: "https://otrasvocesbonaerenses.com.ar/categoria/21/sociedad" --- # Piden la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil ![image](/download/multimedia.normal.83002e5206c3eeb7.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) La **Asamblea por las Infancias y Adolescencias** de Buenos Aires (Apiaba) reclamó la suspensión del nuevo **Régimen Penal Juvenil**reglamentado por el Gobierno nacional tras su aprobación en el Congreso. El colectivo integrado por más de **40 organizaciones** sociales, de defensa de los derechos humanos y de las infancias, no sólo **rechaza la baja en la edad de punibilidad** sino que advierte sobre **severas falencias** en la implementación de la ley que entró en vigencia el sábado pasado. Aseguran que presenta “**serias dificultades jurídicas, institucionales y de implementación**” que ponen en riesgo “derechos y garantías fundamentales de niñas, niños y adolescentes”. En la tarde de este lunes, la justicia provincial suspendió temporalmente el efecto de la ley en la provincia de Buenos Aires, como respuesta a una causa iniciada por un hogar que alberga a adolescentes. **María Elena Naddeo**, secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y referente de la Apiaba, dijo que “la puesta en marcha de este régimen penal juvenil es un **fuertísimo retroceso** y golpea a la franja mas vulnerable de nuestra sociedad empobrecida y endeudada”. “Cuando la agenda política tendría que estar colocada en la prevención de los suicidios, de las adicciones a sustancias y al juego,**se concentra la atención en las medidas represivas**”, sostuvo y agregó que “nunca debimos permitir que esto pasara y por eso **estamos pidiendo la suspensión**”. La Asamblea ya presentó hace dos meses una **acción judicial** en el fuero federal para intentar frenar la implementación de la ley, pero hasta ahora no recibió respuestas, mientras que el fuero contencioso se declaro “incompetente”. Ante esto, la Apiaba presentó un posicionamiento formal en el que sostiene que la implementación de la ley “constituye un **claro retroceso en materia de derechos** de las infancias y adolescencias y **afecta los estándares internacionales** de protección incorporados a nuestra Constitución Nacional”. Reclama, así, la **suspensión**de la aplicación del nuevo régimen al menos por **180 días** “a fin de garantizar una **revisión integral** de sus condiciones jurídicas, institucionales y materiales de implementación”. Argumentan que la reglamentación cuenta con “serias dificultades”, más allá del rechazo a la baja de la edad de punibilidad a los 14 años, “en gran medida por **carencias no resueltas** por los gobiernos nacional ni provinciales”. El documento detalla **diez puntos centrales** de esas “serias dificultades”, entre las que se destaca, primero, “la **adecuación de los Códigos Procesales** del Fuero Penal de las provincias, lo que sin dudas resulta un **avance indebido**, sobre las facultades privativas de cada una de ellas”. El segundo punto advierte sobre la figura del “**supervisor**” establecida por el nuevo régimen, que estaría encargado de realizar el seguimiento, la asistencia y el control directo del adolescente en el proceso penal. Según la Apiaba, las condiciones actuales **no están dadas para la puesta en marcha “inmediata” de esa figura**, por lo que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes no estarán amparados por ese derecho. El documento también indica que el articulado del nuevo régimen no precisa “una adecuada mensuración de las penas”, por lo que “deja un amplio margen a la **discrecionalidad judicial** y no contempla debidamente situaciones como la tentativa ni la culpabilidad atenuada o disminuida”, en los cargos que puedan llegar a afrontar los chicos y chicas ahora punibles. Además, se alerta sobre un “**retorno a una lógica tutelarista**” en la que el Estado asume un modelo paternalista y castigador de los NNyA, no reconociéndolos como sujetos de derecho. La Asamblea subraya, en otro punto, “la **falta de una prohibición expresa y suficiente respecto del alojamiento en comisarías**, vacío que puede habilitar prácticas y procedimientos irregulares”, mientras que “no se tiene en cuenta la debida **garantía de revisión periódica** de las penas privativas de la libertad”. “Estas dificultades se agravan ante las **condiciones actuales del sistema penitenciario**”, agrega el documento, que apunta que “las instituciones de encierro **no alcanzan los estándares exigibles de condiciones dignas**, a lo que se suma que numerosas jurisdicciones no cuentan con establecimientos o dispositivos especializados adecuados para personas menores de edad privadas de su libertad”. Por último, señala que el nuevo régimen “limita el desarrollo de prácticas de **justicia restaurativa**, especialmente en delitos de menor cuantía”. “Estos mecanismos permiten que quien produjo un daño asuma responsabilidad frente a la víctima y favorecen procesos de mediación y reparación. Sin embargo, la regulación prevista **restringe su aplicación** a delitos cuya pena máxima no supere los seis años, obstaculizando el desarrollo de abordajes restaurativos más amplios”, advierte. En diálogo con este diario, Naddeo sostuvo que “la vieja ley era muy mala, pero sólo se aplicaba para los delitos con condena de mas de dos años y solo para personas de 16 y 17 años de edad; esta **bochornosa ley**, en cambio, no sólo se aplica desde los 14 a los 17 sino que se aplica para **todos los delitos**, inclusive los considerados ‘menores’, por lo que vamos a tener **toda una franja adolescente inmersa en el sistema penal**”. El documento de la Asamblea cuenta con **más de 40 firmas de organizaciones** entre las que se destaca la APDH y su Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud, el Comité Argentino de Seguimiento de la Convención por los Derechos del Niño, el Encuentro por la Niñez y la Adolescencia, o el Observatorio Contra la Inseguridad y la Violencia Institucional. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.