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title: "Un pedido para que la Corte impida el cierre del programa Volver al Trabajo"
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description: "La organización social busca la continuidad del programa que funciona como el primer ingreso fijo para 900 mil personas y que el gobierno libertario busca eliminar."
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date_published: "2026-08-12T12:57:00-03:00"
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# Un pedido para que la Corte impida el cierre del programa Volver al Trabajo

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La Unión de Trabajadores de la Economía Popular apeló el fallo judicial que le permitió al gobierno eliminar el programa Volver al Trabajo, el principal ingreso fijo de 900 mil personas de los sectores más vulnerables. La organización social llevó el caso a la Corte Suprema, a la que planteó que el programa tiene carácter alimentario, por lo que suprimirlo ocasionará consecuencias irreparables. El fallo apelado no había decidido sobre la cuestión de fondo, sino que anuló una cautelar que protegía transitoriamente a los 900 mil titulares del programa. En ese sentido, la UTEP le pidió a la Corte que ordene al gobierno seguir pagando el programa hasta que la justicia dicte una sentencia de fondo o el Ministerio de Capital Humano implemente una política equivalente a la que quiere eliminar.

“Interrumpir un ingreso económico de carácter alimentario produce daños que no pueden ser subsanados con una sentencia posterior. La alimentación, la salud, el transporte, los servicios esenciales y el sostenimiento cotidiano de los grupos familiares no admiten espera sin daño”, plantea el recurso presentado ante el máximo tribunal de Justicia.

Además del derecho a la alimentación, la organización argumentó en su escrito que están en juego otros derechos, como el derecho al trabajo, ya que el programa es considerado un salario complementario para cartoneros, cocineras de los comedores populares, costureras de los polos textiles y cuidadoras de centros de primera infancia.

Otro de los razonamientos planteados a la Corte es que el fallo apelado desconoció derechos, garantías y principios que la Constitución ampara. Por ejemplo, el derecho de todos los ciudadanos a tener seguridad social, así como el principio de progresividad y no regresividad, que obliga a los Estados a avanzar siempre hacia la mejora de los derechos y les prohíbe retroceder en los niveles de protección ya alcanzados.

Finalmente, la apelación de la UTEP recuerda el principio de protección reforzada a los grupos vulnerables, un mandato jurídico y ético que obliga a los Estados y a los jueces a dar un amparo especial a la población que, debido a condiciones estructurales, históricas o biológicas, se encuentra en una situación de debilidad frente al resto de la sociedad.

El Volver al Trabajo fue el principal programa social del país. Estaba dirigido a las personas que, excluidas del mercado laboral formal, se ganan la vida en la economía popular, es decir, mediante el autoempleo o en emprendimientos comunitarios. Durante la pandemia -el programa se llamaba entonces Potenciar Trabajo-, esta asistencia del Estado fue creciendo; llegó a un máximo de un millón seiscientos mil titulares en 2023, antes del cambio de gobierno. Su expansión se debió no sólo a las restricciones para trabajar impuestas por el covid, sino a la precarización del mercado de trabajo. En la Argentina, 44 de cada cien trabajadores están en la informalidad.

El gobierno de Milei congeló el monto del Potenciar (que quedó en 78 mil pesos) y lo dividió en dos programas: Acompañamiento Social (para personas consideradas inempleables) y Volver al Trabajo, donde quedaron la mayoría de los titulares. Fijó además una fecha de terminación al Volver al Trabajo. En junio pasado, dió por finalizado el programa.

La UTEP recurrió a la Justicia para impedir su cierre; consiguió inicialmente una medida cautelar a su favor, por lo que el gobierno debió mantenerlo en junio y julio. Sin embargo, el gobierno apeló y la Cámara Federal de San Martín a mediados de julio anuló la medida cautelar. En el mes de agosto los 900 mil titulares del Volver al Trabajo no cobraron el programa. El caso llega así al máximo tribunal.

**El reemplazo**

Los abogados de la organización social no desconocen el derecho del gobierno a modificar o finalizar un programa social. Lo que reclaman es que, si va a hacerlo, implemente una alternativa equivalente para no dejar desamparada económicamente a la población más vulnerable.

Si bien el Ministerio de Capital Humano anunció que el Volver al Trabajo será reemplazado por un sistema de capacitaciones (que publicitó como de “vouchers educativos”), el propio Estado reconoció que solo 136 mil personas manifestaron interés en capacitarse, contra las 900 mil del Volver al Trabajo. “Esta brecha demuestra que la nueva política no alcanza, ni siquiera potencialmente, a la totalidad del universo afectado”, remarca el escrito.

Otro aspecto criticado del sistema de “vouchers educativos” como política alternativa al Volver al Trabajo es que no contempla ningún ingreso para sus titulares. Es decir, que no da ninguna solución a la necesidad de cubrir los gastos de alimentación, transporte, medicamentos o servicios esenciales.

Por último, el texto de los abogados de la UTEP plantea que el acceso a los cursos y a los “vouchers” está condicionado al cumplimiento de requisitos y a la existencia de vacantes. Por lo tanto, el gobierno pretende reemplazar un derecho alimentario actual por una simple expectativa sujeta a disponibilidad.

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