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title: "Rápidamente hasta las manos"
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description: "Aplicaciones como Pedido Ya y Rappi dejaron de ser simples intermediarias tecnológicas para convertirse en guillotinas para los trabajadores que hacen repartos: administran el trabajo, procesan pagos, gestionan información estratégica y comienzan a ofrecer servicios financieros a quienes dependen de ellas para generar ingresos."
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date_published: "2026-07-13T12:05:00-03:00"
date_modified: "2026-07-13T12:08:49-03:00"
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# Rápidamente hasta las manos

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Las plataformas ya no compiten solamente por mercados. Compiten por gobernar infraestructuras esenciales de la vida cotidiana. Y quien gobierna esas infraestructuras termina influyendo sobre el trabajo, el consumo, el acceso al crédito y, en definitiva, sobre las posibilidades materiales de millones de personas. Como siempre ocurre, los que menos ganan más deuda tienen. **Un repartidor de cualquier app que hace entregas a domicilio con frío, lluvia o calor extremo obtiene un promedio entre $1.500 y $3.000**por pedido según la secretaria general del **Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación** (Sitrarepa), que advierte que los trabajadores de aplicaciones están paulatinamente sumergiéndose en un tema de endeudamiento cada vez más serio. La politóloga Lara de Alvear sostiene que “lo verdaderamente novedoso no es que otorguen crédito, sino que puedan hacerlo a partir de una ventaja que ningún banco tradicional posee: conocen el comportamiento económico de sus trabajadores en tiempo real. Saben cuánto producen, cuándo trabajan, cuáles son sus ingresos, la **tasa de aceptación** de viajes o pedidos y la **calificación de los clientes,**cómo responden a los incentivos y cuál es su nivel de actividad. Esa información convierte a los datos en un activo financiero y transforma la reputación digital en una nueva forma de patrimonio económico". Es, entonces, un modelo que genera una relación profundamente asimétrica. De Alvear remarca que se asiste a un proceso de integración vertical del poder. “Funciones que históricamente estaban distribuidas entre empleadores, entidades financieras y organismos públicos comienzan a concentrarse en una misma infraestructura digital”.

## **La pobreza atrae más pobreza**

“No podía seguir esperando a que me ofrecieran un trabajo. Por eso, arreglé la moto y salí a repartir. **Ya me llevaron puesto una vez en la Panamericana y de casualidad no la quedé. Solo una pierna fracturada. Me gasté en medicamentos y estudios más de lo que había gastado en el mes**. Tuve que recurrir a un préstamo de la app. No sé cómo voy a pagarlo". El que habla es Marcos, un joven de veinte años que trabaja para Rappi un promedio de catorce horas por día para obtener un ingreso mensual **neto de aproximadamente 1.300.000,**después de descontar nafta, mantenimiento del vehículo, seguro, monotributo, datos móviles del teléfono celular y refrigerio. En la familia de Marcos, ninguno tiene un empleo formal ni un colchón de dinero para imprevistos. Al igual que miles de repartidores no accede a un préstamo bancario tradicional porque no tiene recibo de sueldo. Por eso terminó recurriendo a los créditos ofrecidos por billeteras virtuales y luego al de la misma plataforma para la cual se desloma los siete días de la semana.

La contadora pública Carolina Cabrera lo explica de manera muy clara: “Como estas empresas suelen hacer un análisis crediticio menos exhaustivo, asumen un riesgo mayor y lo compensan cobrando tasas mucho más altas. Y también a considerar, las billeteras virtuales y estas aplicaciones suelen prestar con capital propio. Eso las diferencia de los bancos, que toman depósitos de sus clientes. Entonces, **para el tomador del préstamo, lo que parece una solución rápida para arreglar la moto, comprar una bicicleta o cubrir un gasto urgente puede terminar convirtiéndose en una deuda muy difícil de pagar**“. Significa que ése es un crédito extremadamente caro. Para tener una referencia: **si fuera una tasa efectiva anual del 700%, una deuda de $100.000 podría convertirse aproximadamente en $800.000 al cabo de un año, sin considerar otros cargos. Equivale a cerca de un 19% efectivo por mes**. Para un repartidor que cobra entre $1.500 y $3.000 por pedido, **una cuota de por ejemplo $120.000 representa entre 40 y 80 entregas solamente para pagar el préstamo**, sin contar combustible, mantenimiento, comida ni gastos personales.

“Hay un conflicto de intereses importante: la misma plataforma decide cuánto paga, quién accede al crédito, bajo qué condiciones y cuánto descuenta después. Esto puede generar una fuerte dependencia, porque el repartidor necesita seguir conectado y aceptar más pedidos para pagarle a la misma empresa que administra sus ingresos (y sus deudas). La deuda termina condicionando también cuántas horas trabaja”, detalla Cabrera.

Más que hablar únicamente de precarización, habría que empezar a hablar de dependencia infraestructural. Es una forma de poder menos visible que la subordinación tradicional, pero potencialmente más profunda porque atraviesa simultáneamente el trabajo, las finanzas y la gestión de los datos personales. Urge la existencia de reglas claras: informar el costo total, limitar tasas abusivas, evaluar la capacidad de pago y evitar que las cuotas consuman una parte excesiva de sus ingresos.

## **Apps esclavizantes**

El Estado no regula y el laburante padece. Además, el **Banco Central estimó que la deuda promedio de los monotributistas que trabajan mediante aplicaciones alcanzó los $900.000 por persona hacia fines de 2025**, mientras que **en el caso de los comercios adheridos el promedio fue siete veces mayor.**

Los **trabajadores independientes representan el 54%** de quienes acceden a estos préstamos y **concentran más del 62% del saldo financiado**.

De Alvear es contundente al respecto: “Es cierto que la innovación tecnológica avanza más rápido que las instituciones. Pero el problema no es solamente de velocidad. También es una cuestión de cómo concebimos el papel del Estado frente a las grandes plataformas digitales. Durante años predominó la idea de que estas empresas representaban innovación, eficiencia e inclusión. Esa narrativa favoreció regulaciones flexibles y una intervención pública limitada. Sin embargo, mientras el debate seguía concentrado en si eran empresas tecnológicas o de transporte, las plataformas expandieron silenciosamente su influencia hacia el sistema financiero”.

En la Argentina esta discusión ocurre en un contexto especialmente delicado. La pérdida del salario real, el crecimiento de la informalidad, la retracción del crédito bancario y un proceso de desregulación económica generan un escenario donde actores privados comienzan a ocupar funciones que antes estaban distribuidas entre el Estado, el sistema financiero y el mercado de trabajo.

“Por eso creo que el desafío regulatorio ya no consiste únicamente en establecer derechos laborales para los repartidores. La pregunta de fondo es quién gobierna las infraestructuras digitales sobre las que hoy se organiza una parte creciente de la economía. Cuando esas infraestructuras adquieren semejante capacidad para ordenar la vida social, también deben ser objeto de un debate democrático”, agrega De Alvear.

La inclusión financiera es un objetivo legítimo cuando amplía derechos y facilita el acceso a herramientas económicas para sectores históricamente excluidos. El problema aparece cuando el crédito no funciona como un derecho, sino como un mecanismo que incrementa la dependencia respecto del mismo actor que organiza el trabajo.

La promesa de la inclusión financiera pierde sentido cuando el crédito deja de ampliar oportunidades y comienza a convertirse en una condición para seguir trabajando. Si quien organiza el empleo también fija el ingreso, presta el dinero y cobra la deuda, el riesgo es que la tecnología deje de ser una herramienta de inclusión para transformarse en un mecanismo de dependencia. Regular ese nuevo poder ya no es una discusión del futuro: es una urgencia que amenaza la calidad de vida de cientos de miles de personas

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